Después de más de 15 años de investigación policial y proceso judicial, los cinco directivos de Mina La Camocha y de otras otras dos empresas implicadas en la trama, que se sentaron en el banquillo de los acusados por el fraude de subvenciones en la explotación gijonesa entre 1998 y 2000, han sido condenados cada uno de ellos a 9 años de cárcel (3 años por cada uno de los tres delitos de fraude de subvenciones a la Hacienda Pública) y a una multa de 16,17 millones de euros, sustituible por 810 días de prisión adicionales en caso de impago. Además, entre todos tendrá que devolver al Estado los 16,17 millones defraudados, cantidad de la que es responsable civil subsidiaria Mina La Camocha. El total del pago asciende a más de 97 millones. El fraude fue destapado en diciembre de 1999 por LA NUEVA ESPAÑA.
La sentencia dictada por la titular del juzgado de lo penal número dos de Gijón, Rosario Fernández Hevia, asume en su integridad la petición del Ministerio Fiscal y desestima todas las alegaciones presentadas por las defensas, que reclamaban dar por prescritos los delitos, anular las pruebas de los mismos, considerar los hechos irrelevantes desde el punto de vista penal o, subsidiariamente, que las condenas fueran de 6 meses de cárcel alegando dilación indebida en el proceso judicial.
Entre los condenados está quien fuera consejero de Industria del Principado, Víctor Zapico Zapico, además del presidente de la empresa, Manuel Martín Martín; la directora financiera, Margarita García Fernández; el administrador único de Hullas del Coto Quirós, Angel Manuel García Brugos y el apoderado de esta última empresa y de Trabajos y Explotaciones (Trabex), Guillermo Alfredo Honrubia. Trabex y Coto Quirós eran las empresas usadas por Mina La Camocha para camuflar la compra de carbón.
La juez basa la condena en testimonios, informes de la Guardia Civil, documentos requisados e informes periciales de ingenieros de minas, técnicos de Hacienda y del Instituto del Carbón. La sentencia considera que en los tres años citados los condenados se concertaron entre sí para lograr "un beneficio económico injusto en perjuicio de la Hacienda Pública".
El fraude consistió en que la mina gijonesa adquirió, usando empresas interpuestas para ocultar su compra, 98.686,40 toneladas de carbón de importación o de cielo abierto (más barato que que producía La Camocha). El mineral se revendía a la térmica de Aboño como sacado de la instalación gijonesa, tras mezclarlo en la mina con el realmente extraído del pozo. El objetivo era cumplir con el cupo concertado con la térmica, requisito para recibir las subvenciones públicas que estaban pensadas para compensar a la mina por vender cada tonelada a la térmica a precio de mercado, una quinta parte del coste de extracción en la mina.
La magistrada señala en la sentencia que "en unas instalaciones mineras el carbón sale de sus pozos, se realizan con él las operaciones necesarias para separar el material desechable (...) y se carga hacia sus destinos, desde luego no hay ninguna razón para que en una mina entre carbón de ajena procedencia a sus pozos de explotación". De hecho, los acusados "activamente ocultaron contable y documentalmente las operaciones", falsificando los conceptos de las facturas de compra del carbón.
