El Juzgado de menores condenó ayer a la realización de cuatro meses de tareas socioeducativas a las dos alumnas del colegio Santo Ángel acusadas de acosar a Carla Díaz Magnien, la gijonesa de 14 años que se quitó la vida el 11 de abril de 2013. Las acusadas admitieron ante el tribunal ser las responsables del delito contra la integridad moral que les imputaban tanto la Fiscalía de Menores como la abogada de la madre de Carla. "Contentos no podemos estar pero sí satisfechos por lo que hemos conseguido", aseguró ayer la letrada, Leticia de la Hoz. Las tareas socioeducativas que deberán realizar las adolescentes irán encaminadas "a mejorar la empatía, el control de impulsos y la asunción de las consecuencias de sus actos".

El acoso que ahora se acaba de clarificar en los tribunales comenzó, tal y como aseguró ante el juez el Fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, a finales del año 2012. Fue entonces cuando Carla Díaz empezó a tener problemas "en sus relaciones con los compañeros de clase, principalmente porque algunas alumnas se burlaban de ella por un ligero defecto de estrabismo que padecía o porque se había divulgado en el centro que había tenido una relación con otra chica". El acoso fue en aumento hasta el primer trimestre de 2013. Con el nuevo curso la presión aumentó y las acusadas pasaron a la agresión física. El fiscal mantiene que "ante la indiferencia de los demás alumnos", los compañeros de clase de la víctima "aprovechaban los momentos de recreo para mofarse de Carla Díaz". Entre todos los adolescentes "las que lo hacían con más frecuencia y en ocasiones incitaban a otras alumnas a secundarlas", eran las dos menores imputadas, acompañadas por otra alumna que entonces tenía 13 años y que por este motivo no puede tener imputación.

"Cuando estaban ociosas o por simple diversión se dirigían a Carla Díaz para meterse con ella, llamándola 'bollera' o virola'. En al menos dos ocasiones en febrero de 2013 la siguieron hasta el baño, obligándola a encerrase en el retrete y le arrojaron agua por encima de la puerta", asegura el representante del ministerio público. Agobiada, Carla llegó a pedirle a su hermana que fuera a buscarla a la salida de clase.

La demanda por este caso de acoso escolar se había presentado pocos meses después del fallecimiento de la menor. La abogada de la madre, por aquel entonces una letrada ovetense, pidió que se condenara a las menores por un delito de inducción al suicidio. El juicio no prosperó. La segunda abogada que cogió el caso, Leticia de la Hoz, pidió la reapertura del procedimiento cambiando la acusación y aportando conversaciones en redes sociales que mantuvieron las ahora condenadas y que fueron fundamentales para que se volviera a abrir el caso y se llegara a esta condena. "Siempre supimos que había algo raro", lamentaba la madre de la menor poco después de conocer que la Fiscalía volvía a investigar el caso.