La Audiencia Nacional ha abierto, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, diligencias sobre las supuestas irregularidades y fraudes que la Oficina Europea de Lucha Contra El Fraude, OLAF, detectó en torno a la contratación y ejecución de la obra de ampliación de El Musel. Entre otras cosas, la OLAF habla de incremento en los precios de los materiales de la obra cuando gran parte de los mismos fueron obtenidos sin contraprestación económica directa por parte de Dique Torres, además de imposibilidad de conocer la cantidad real de materiales utilizados, entre otras supuestas irregularidades que considera que fueron cometidas por la Autoridad Portuaria o por la UTE Dique Torres en connivencia con los entonces responsables de El Musel.
La obra de ampliación se ejecutó entre 2005 y 2010. Se adjudicó cuando Magdalena Álvarez era Ministra de Fomento y fue inaugurada por su sucesor en esa cartera, José Blanco. Adjudicada en 499 millones de euros más IVA, acabó costando 710 millones de euros, incluidos sobrecostes y actualización de precios y además el grupo constructor que la ejecutó reclama judicialmente el pago de otros 350 millones adicionales. El quebranto económico para el Puerto puede aún ser mayor tras la propuesta de los servicios de la UE de revocar los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión que había concedido, a raíz del informe de la OLAF.
La maquinaria judicial para dilucidar si ha habido actuaciones delictivas en torno a la obra y determinar quiénes son sus responsables, se puso en marcha el pasado 8 de enero, mediante un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
El juez ordenó la apertura de diligencias de investigación a raíz de una denuncia formulada el pasado 5 de diciembre por la Fiscalía Anticorrupción, según se explica en la carta que el Ministerio de Hacienda remitió a la Dirección General de Política Regional (DG Regio) de la UE el pasado lunes, para oponerse a la retirada de subvenciones a la obra.
En el documento se explica que el magistrado ya ha exigido a la UTE Dique Torres la contabilidad interna de la obra de ampliación que la UTE había negado a la OLAF. Dique Torres está integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace), por FCC, por una empresa del grupo OHL (Sato) y por Alvargonzález Contratas.
El motivo de que el Ministerio de Hacienda (que se encarga de la gestión de los fondos comunitarios) informe a la UE de la apertura de diligencias penales a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, es el de tratar de rebatir uno de los argumentos que dio la DG Regio para plantear el pasado 24 de octubre la retirada del total de las subvenciones a la obra: Bruselas acusó a España de demorar el ejercicio de acciones penales en este caso, lo que a su juicio dificultaría la obtención de pruebas y facilitaría la posible prescripción de los delitos.
Ante ese reproche de la UE, Hacienda responde que sí tomó medidas, remitiendo a la Fiscalía Anticorrupción el informe de la OLAF cuatro días después de haberlo recibido. Además, la Abogacía General del Estado emitió el 23 de mayo, a petición de Puertos del Estado, un informe en el que establecía que de ser ciertos los hechos denunciados por la OLAF los mismos tendrían carácter delictivo, señalando que se personaría en las diligencias judiciales que se abrieran a instancias de Anticorrupción o en caso contrario, sería la Abogacía quien denunciaría.
Esas medidas no parecieron lo suficientemente diligentes a la UE. Hacienda señala en su escrito que la legislación española prevé que sean la Fiscalía o la Abogacía del Estado las que interpongan denuncias penales. Anticorrupción lo hizo después de más de 7 meses de diligencias informativas, que se hubieran visto interrumpidas si la Abogacía del Estado hubiera presentado una denuncia, dado que no puede haber una investigación del fiscal paralela a la de un juzgado.
Libro mayor
En la carta también se niega la inacción ante la negativa de Dique Torres a entregar a la OLAF su libro mayor de contabilidad, señalando que el Ministerio facilitó la declaración 347 del IVA, que recoge todos los ingresos y pagos declarados a la Agencia Tributaria por Dique Torres y que esos datos son más fiables que los de un libro mayor, que al no ser obligatorio para una UTE "puede dar lugar a errores o modificaciones nada fiables".
El Ministerio también señala a la DG Regio que le adjunta como anexo el informe elaborado por la Autoridad Portuaria de Gijón, que tiene más de 500 páginas, en el que la Autoridad Portuaria trata de rebatir las acusaciones de la OLAF sobre las irregularidades en la contratación y en la ejecución de la obra de ampliación.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se interpuso en la Audiencia Nacional el 5 de diciembre, coincidiendo con otra interpuesta por los mismos hechos presentada por cinco militantes de Podemos en Asturias. Con anterioridad, un juzgado gijonés había rechazado por cuestiones de forma otra denuncia formulada por el colectivo Ciudadanos por Asturias.
