El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Gijón que le remita el expediente administrativo de contratación de la obra de ampliación de El Musel y que certifique "quienes eran los miembros de la Autoridad Portuaria y del Consejo de Administración, así como del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos y cuáles eran los cargos que ostentaban".

La identificación de todos estos cargos es una de las cinco diligencias que ordenó el magistrado en el auto que dictó el pasado 8 de enero, para esclarecer la "naturaleza y circunstancias" de las supuestas irregularidades en la contratación y la obra de ampliación del puerto de El Musel que ahora investiga la Audiencia Nacional tras las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de una asociación vinculada a Podemos.

El magistrado también ha recabado información del Puerto sobre sus relaciones con Hidrocantábrico (EdP) y Tudela Veguín, al tiempo que a la UTE Dique Torres le ha pedido los acuerdos suscritos con esas empresas en torno a las principales canteras que se explotaron para la gran obra; la de Aboño y las de Peña María y La Hoya-Perecil. A Dique Torres también le reclama los registros contables de la obra y la documentación referente al contrato.

El Musel, que se había adjudicado la obra en 499 millones de euros (IVA excluido), acabó pagando 710 millones, de los cuales 124 son por sobrecostes tras haber asumido un incremento del precio de materiales de cantera, entre ellos los de la de Aboño. Por otro lado, el Puerto pagó a precio de proyecto los materiales extraídos de las canteras de La Hoya y Peña María, mientras Dique Torres los obtenía prácticamente sin contraprestación económica directa a cambio, según el informe que elaboró la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que es el que motivó el inicio de la investigación por parte de Anticorrupción.

El juez ha solicitado también toda a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que le envíe los informes y resoluciones de la UE sobre la gran obra y que designe a dos de sus interventores para que examinen "el expediente administrativo de contratación" de la obra. Por último, el juez ha ofrecido el ejercicio de acciones a la Abogacía del Estado. No será el único en personarse. La Asociación Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN), Manos Limpias y Ciudadanos por Asturias tienen la intención de participar en la causa. Precisamente la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional se ha hecho, tal como señala el juez, a instancias de las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de cinco integrantes de OCAN, todos ellos militantes de Podemos. OCAN anunció ayer a su intención de "impulsar activamente la investigación" de este caso y de otros de corrupción en Asturias. La asociación pone en duda el interés real del Gobierno de perseguir los supuestos delitos en la obra de El Musel, al haber dejado la denuncia en manos de Anticorrupción, en lugar de haber actuado la Abogacía del Estado.

Desde la Autoridad Portuaria se aseguró ayer que se defenderá con la "mayor firmeza" la legalidad de sus actuaciones en torno a la obra de ampliación. El Puerto sostiene que el informe de casi 600 páginas que ha remitido a la UE -para oponerse a la revocación de los 247,5 millones que Bruselas había concedido para la obra- incluye "47 pruebas" que según la Autoridad Portuaria desmontarían el relato de hechos que hace de la OLAF, base del procedimiento penal en marcha. El Puerto sostiene que su informe demuestra que son erróneas las afirmaciones de la OLAF de que "no ha siso posible determinar la cantidad de materiales que han sido empleados y que no se ha efectuado control alguno del origen ni de las cantidades, ni del precio de los materiales pétreos facturados por la empresa adjudicataria, y la existencia de una doble contabilidad en los transportes".