La Consejería de Fomento y el senador y expresidente autonómico, Vicente Álvarez Areces, se apoyaron ayer en el informe elaborado por la Autoridad Portuaria que trata de rebatir las conclusiones de la OLAF, para justificar la legalidad de todas las actuaciones en torno a la obra de El Musel.

El Principado, que es quien nombra a los presidentes de El Musel, abogó por "la total cooperación del Puerto de Gijón con la Justicia para demostrar la legalidad de la ampliación", tanto del gasto realizado como de los procedimientos de ejecución.

Areces señaló que el "procedimiento litigioso" abierto por la Audiencia Nacional se inicia porque "las denuncias tienen que tramitarse", pero se trata sólo de una "fase previa donde se está recabando información por parte de la Audiencia Nacional" y mostró su confianza en que todo derive en un resultado "positivo" en base a los informes elaborados por la Abogacía del Estado y las auditorías del IGAE durante la tramitación del expediente de la ampliación, así como el informe que acaba de remitir el Puerto a la UE; "585 páginas que desmontan una a una todas las acusaciones".

Puertos del Estado señaló, a través de un portavoz, que apoya "el envío de la documentación que ha hecho España a la UE", incluyendo el informe de la Autoridad Portuaria, pero que lo hace "con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se deriven de las actuaciones de la Audiencia Nacional".

El presidente de FADE, Pedro Luis Fernández abogó por "dar el mayor uso posible" al Puerto y "en otro ámbito serán los jueces los que deben determinar las responsabilidades pertinentes. Desde luego esta no es una buena noticia". En el Ayuntamiento, Fernando Couto (Foro), pidió diferenciar las investigaciones de supuesto fraude del apoyo a El Musel y su actividad; Santiago Martínez Argüelles (PSOE) reclamó difundir los informes de la Abogacía del Estado que respaldaron la gestión de El Musel y las alegaciones a los informes europeos; Francisco Santianes (IU) dijo "queremos que se ponga todo encima de la mesa" para clarificar la situación. Manuel Pecharromán (PP) atribuyó lo ocurrido a la "mala gestión" del PSOE. El Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, señaló: "Hay una acusación pero se tratará de defender los intereses del puerto y los generales que afectan a España".