La tasación encargada por la Autoridad Portuaria de Gijón a American Appraisal, que valora la obra de ampliación de El Musel en 92,3 millones de euros más de los que el Puerto pagó a la UTE Dique Torres, se convertirá previsiblemente en una de las bazas contra las diligencias penales abiertas en la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y de la asociación OCAN, vinculada a Podemos.
Al menos eso se deduce del contrainforme que la Autoridad Portuaria de Gijón ha remitido a la UE, para intentar evitar la revocación de los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión que Bruselas había concedido a la obra de El Musel. En el escrito, el Puerto esgrime la tasación de American Appraisal no sólo para intentar evitar el drástico recorte de ayudas que plantea la UE, sino también como prueba de que no se le pueden atribuir los "presuntos delitos" que aprecia la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en la obra. El informe de la OLAF es el que ha servido de base a la Dirección General de Política Regional de la UE para proponer la revocación de las ayudas, pero también ha sido la base de las dos denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional.
La principal diferencia en la tasación de American Appraisal respecto a los precios fijados en el proyecto inicial, en el modificado de 2007 y en la liquidación al contratista en 2012, estriba en la divergente valoración de los rellenos, que la tasadora estadounidense calcula en el doble de lo efectivamente abonado, como se aprecia en el gráfico que acompaña estas lineas. La tasación de la obra fue emitida el pasado 20 de enero.
"Esta Autoridad Portuaria ha acreditado aquí que la inversión realizada y abonada en la obra de ampliación del Puerto se encuentra dentro del valor razonable de mercado de las inversiones en obras marítimas, tal y como se refleja en el informe de valoración elaborado por American Appraisal", se indica en el documento de la Autoridad Portuaria como argumento para oponerse "a la afirmación sobre la presentación en el informe de OLAF de indicios de presuntos delitos imputables a la Autoridad Portuaria".
El informe elaborado por el Puerto insiste en que la obra se ejecutó tal y como estaba prevista en el proyecto, respetando los precios originales para los materiales de las canteras de Perecil y La Hoya y teniendo que incrementar de manera justificada los precios de la piedra de la cantera de Aboño y de canteras comerciales por circunstancias imprevistas.
Con sobrecostes y todo, el precio de la ampliación es sensiblemente inferior al estimado en la tasación de American Appraisal como el "coste de reposición a nuevo" que tendría la ampliación en febrero de 2011, al poco de su entrega por el contratista.
Entre la defensa que realiza el Puerto de que no ha habido supuestos delitos, también incluye referencias a que los sobrecostes fueron aprobados "tras los informes preceptivos y favorables de la Inspección del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y la Abogacía del Estado".
La respuesta de la Autoridad Portuaria al informe de la OLAF también cuestiona la indefinición del mismo en cuanto a los supuestos hechos delictivos que aprecia en la obra y a quién se los imputa. "Se observa cómo OLAF se ha limitado a nombrar dos tipos delictivos incluidos en el Código Penal y reseñar las penas que se asocian a los mismos; pero no describe qué conductas a su entender serían representativas, presuntamente, de dichos tipos delictivos, ni qué sujetos las habrían cometido, ni realiza referencia alguna a la concurrencia de ninguno de los requisitos para afirmar, siquiera indiciariamente, la eventual procedencia de imposición de las penas asociadas a los mismos", por lo que considera que lo único que hace la OLAF al hablar de supuestos delitos es "elucubrar".
El informe del Puerto también se apoya en este punto en el decreto de la fiscalía de Gijón que en marzo de 2010 archivó la denuncia que había presentado un particular contra responsables portuarios por la obra de ampliación. Para la Autoridad Portuaria es relevante que la denuncia que había presentado el ciudadano se refería al eventual conflicto de intereses al ser SATO (una de las empresas que integran Dique Torres) copropietario de la cantera de Aboño (cuya explotación en la obra propició la Autoridad Portuaria). La OLAF intervino en el asunto de El Musel al no haberse realizado previamente ninguna investigación judicial de ese conflicto de intereses. El Puerto entiende que eso no es así, al equiparar las diligencias de la fiscalía de Gijón a una investigación judicial.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción ha formulado denuncia ante la Audiencia Nacional, en la que aprecia supuestos indicios de seis delitos: Fraude y exacciones ilegales por la entrega indebida de fondos públicos; malversación de caudales públicos; estafa agravada por engaño en el precio de los materiales; falsedad en documento oficial y mercantil por la emisión de facturas falsas, fraude a la Hacienda pública por simulación de gastos y prevaricación por la adjudicación del contrato y su modificación para los sobrecostes. El Puerto y el Gobierno del Principado, esperan que esas diligencias abiertas por el juez Javier Gómez Bermúdez queden en nada. El gobierno central ya ha dicho que la Abogacía del Estado se personará como acusación particular. Si mantiene abierta la investigación tras estudiar la documentación que ya ha solicitado, el juez será quien valore a quién imputar.
