La concejala saliente de Urbanismo, la forista Lucía García, aseguró ayer que ya se han dirigido a la administración del Catastro para conocer la repercusión que tendrá la sentencia del Supremo en el ámbito tributario. "Además de darles traslado oficialmente del fallo, vamos a solicitar que se ejecute con los efectos de la fecha de la misma. De este modo los gijoneses no tienen que pagar por algo que no les corresponde", subrayó García sobre el proceder del Ayuntamiento la última jornada de la actual Corporación, que ahora quedará en funciones hasta el Pleno de inicio del nuevo mandato municipal, el próximo 13 de junio.

A las partes recurrentes -tanto el Ayuntamiento de Gijón como una parte de los promotores implicados en las grandes bolsas de suelo asociadas al PGO de 2011- les impone el Supremo el pago de unas costas de 3.000 euros.

Los constructores de Granda, Castiello, Infanzón o Cabueñes dibujan un complicado escenario en el ámbito municipal, pues según su criterio, la ratificación de la anulación del planeamiento conllevaría reclamaciones patrimoniales por una cuantía de hasta 400 millones de euros al perder la condición de urbanizables los suelos que adquirieron en su momento.

Sobre esta asunto, desde el Ayuntamiento insisten en que "las expectativas urbanísticas por sí mismas no otorgan derechos", y que, por tanto, los promotores "no son indemnizables sin más". En todo caso, la opción del diálogo y el entendimiento entre las partes fue la propuesta que más se repitió ayer, en vísperas de las elecciones municipales.