Asuma quien asuma el bastón de mando de la Alcaldía de Gijón el próximo 13 de junio no tendrá mucho tiempo que perder antes de coger por los cuernos el toro de la anulación del Plan General de Ordenación de la ciudad. Hay demasiados intereses alrededor y, sobre todo, un importante sector de la economía local en juego. La decisión de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo -votada el 21 de abril y publicitada el 21 de mayo- que transformó en firme la anulación del PGO decidida hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por fallos en el proceso de información pública puede convertirse en la puntilla que remate un sector herido de muerte en Gijón desde hace tiempo.
Las cifras no dan ni una sola alegría. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón concedió el año pasado cinco licencias de construcción para viviendas plurifamiliares. Cinco licencias que sólo suponían 21 viviendas. Algo más que las 15 generadas por las dos licencias de 2013 pero desde luego muchas menos que las 305 viviendas construidas en 2012 con cinco actividades y las 536 de 12 operaciones de 2011. No van mucho mejor las cosas en el apartado de viviendas unifamiliares: 99 en 2010, 60 en 2011, 37 en 2012, 26 en 2013 y 59 en 2014. Las sumas de ninguno de estos años llega, ni de lejos, a aquellas 3.081 viviendas de nueva construcción computadas en 2001 en los registros municipales. Ni siquiera a esa media de 2.000 viviendas anuales que se marcó en los años de la expansión inmobiliaria.
La incidencia de la crisis económica sobre las administraciones ha supuesto que la obra pública tampoco haya podido servir de refugio para las empresas locales de la construcción. Un reciente informe de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias mostraba un escenario de "una escasísima actividad que se deriva de volúmenes de licitación desconocidos hasta la fecha por exiguos" y denunciaba las fórmulas de subasta del Principado y el Ayuntamiento para adjudicar sus contratos. La Fundación que aglutina a la patronal del sector y los sindicatos CCOO y UGT culpan por ello a las administraciones públicas de favorecer el deterioro económico del tejido empresarial y la desarticulación sociolaboral del sector de la construcción. Gijón, eso sí, es de los municipios con una mayor inversión pública gracias al cómputo de la inversión estrictamente municipal y la que se suma desde empresas públicas de la envergadura de la Empresa Municipal de Aguas (EMA),
Una vía de escape para las pequeñas y medianas empresas del sector sería la rehabilitación de fachadas. Pero pese a las decenas y decenas de peticiones de subvenciones que las comunidades de vecinos piden al Ayuntamiento para este tipo de obras, la realidad es que la estadística de la concejalía de Urbanismo fija que se tramitaron en 2014 solo 84 licencias de este tipo. El año anterior habían sido 41 y en 2012 se quedaron en 37 licencias.
El informe de la concejalía de Urbanismo referida al pasado ejercicio cuantifica entre sus procedimientos 38 adecuaciones de locales, 14 derribos, 10 urbanizaciones.. Ninguna cifra que llame la atención por su envergadura.
En cuanto al empleo, los números también muestran esa agonía del sector. En el último informe sobre la evolución del número de trabajadores vinculados al convenio colectivo de trabajo para la construcción y obras públicas del Principado de Asturias se detectaba una pérdida de más de cinco mil empleos desde que comenzara la crisis. En concreto Gijón pasó de 6.727 trabajadores en este registro en 2007 a 1.384 en el inicio de este 2015.
CAC-Asprocon entiende que la situación de paralización total que genera la sentencia del Supremo puede sumar mil parados a esa cuenta. La patronal reivindica contar con un planeamiento urbanístico en pocos meses para evitar consecuencias "irreparables" como la disolución de muchas empresas a consecuencia de la depreciación del valor de sus activos de suelo. Y es esa misma patronal quien eleva hasta quinientos millones de euros las posibles reclamaciones ante el Ayuntamiento por derechos patrimoniales perdidos en operaciones urbanísticas que ahora mismo carecen de cobertura. Al Ayuntamiento no le salen estas cuentas.
Desde su puesto en la concejalía de Urbanismo, la ahora edil en funciones Lucía García Serrano, reivindica analizar caso por caso para ver el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada propietario del suelo. "Las expectativas urbanísticas por sí mismas no otorgan derechos, no son indemnizables sin más", matiza la concejala de Foro Asturias. García Serrano se va del Ayuntamiento tras iniciar una revisión del PGO que ahora mismo tiene en elaboración el documento de aprobación inicial.
El hecho de que el ahora anulado en firme Plan General de 2011 fuera consecuencia de la anulación del Plan General de 2007 hace que desde este 21 de mayo tenga que considerase como planeamiento vigente el Plan General de Ordenación de 14 de enero de 1999 y su texto refundido de 4 de junio de 2002. El denominado Plan Rañada por el urbanista que le dio forma. La nulidad del PGO de 2011 deja al margen el Catálogo Urbanístico aprobado en 2010, los instrumentos de planteamiento aprobados en desarrollo de actuaciones urbanísticas concertadas, la ordenación de áreas con destino a viviendas protegidas y las modificaciones de planeamiento tramitadas con referencia al PGO de 1999. En cuanto a las licencias firmes dictadas al amparo del documento anulado perviven si no son impugnadas de forma directa o indirecta.
Eso sí, son de aplicación las disposiciones normativas vigentes en materia de urbanismo del texto refundido de la ley del suelo de 2008 (con las modificaciones incorporadas en 2012 por la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana), la ley de evaluación ambiental y, a nivel autonómico, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de 2007 (TROTU) y su reglamente (ROTU).
