La Fiscalía pide una condena individual de dos años y medio de cárcel para dos empresarios del sector de la construcción y un arquitecto técnico a los que atribuye responsabilidad en un accidente laboral que le costó la vida a un trabajador de 36 años en mayo de 2009.
El fiscal asegura que como consecuencia de varias deficiencias en el montaje de un andamio, el tablón sobre el que estaba la víctima se rompió y éste se precipitó al vacío desde una altura de 18 metros. En el momento del suceso se llevaba a cabo la reparación de la fachada de un edificio en la calle Luciano Castañón. El trabajador -cuya identidad respondía a las iniciales D. M. A.-, falleció en el hospital debido a las lesiones que se provocó con la caída. Se da la circunstancia de que uno de los ahora imputados es propietario de la empresa de rehabilitación de fachadas para la que trabajan los dos obreros heridos esta semana -uno de ellos de carácter grave-, al desplomarse un andamio en la calle Aguado del barrio de La Arena.
El representante del ministerio público asegura en el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado que el accidente laboral de la calle Luciano Castañón "se debió a que la plataforma de trabajo del andamio estaba constituida por tableros de madera que no eran los originales del fabricante y que no garantizaban la solidez y estabilidad del puesto de trabajo". Un extremo que, tal y como denuncia la Fiscalía, conocían tanto el propietario de la empresa de rehabilitación de fachadas contratada por la comunidad de vecinos como el encargado de obra y administrador de la firma que ésta empresa había subcontratado para el andamiaje, y jefe directo de la víctima.
Las irregularidades detectadas no quedan ahí, según el ministerio público. La Fiscalía mantiene que en la ejecución de los trabajos a 18 metros de altura "no se utilizó un equipo de protección individual anti caída anclado a un punto estable" y que la empresa tampoco disponía de un plan de montaje, utilización y desmontaje de la plataforma. Por todo ello el ministerio público acusa a los dos responsables ya citados, y también al arquitecto técnico y coordinador de seguridad de la obra, de un delito contra los derechos de los trabajadores.
El juicio por estos hechos tendrá lugar mañana en el juzgado de lo penal número 2. Durante la celebración de la vista oral el fiscal encargado del caso pedirá, además, que los procesados indemnicen con 122.010 euros al hijo del fallecido, con 8.736 euros a la madre del trabajador y 4.000 euros a cada uno de sus tres hermanos.
