Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Gijón del pasado 14 de mayo anuló la licencia que en agosto de 2012 otorgó el Ayuntamiento de Gijón a la empresa Logiscrap para demoler parte de los edificios e instalaciones de Mina La Camocha. Según el magistrado, el gobierno local concedió esa licencia a pesar de que aún faltaba elaborar el planeamiento urbanístico necesario y de carecer del informe favorable preceptivo de la Consejería de Cultura del Principado.
La sentencia no ha evitado la desaparición de parte del patrimonio industrial de La Camocha, ya que varios edificios de la mina fueron achatarrados antes de que el juzgado los paralizara.
El recurso contencioso fue interpuesto por la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA), que ahora estudia acciones legales contra la funcionaria que elaboró el informe jurídico en el que se apoyó el gobierno local de Foro Asturias para conceder la licencia.
La sentencia considera que el ordenamiento urbanístico gijonés exigía la aprobación de un plan especial para Mina La Camocha con carácter previo a cualquier derribo, un planteamiento que se recoge en el informe elaborado por la Consejería de Cultura, tras la denuncia presentada ante la misma por ACA. Cultura mantenía que era necesario analizar el interés individual y de conjunto de las instalaciones antes de demolerlas. Esa misma posición es la que mantenían los servicios técnicos municipales en un primer momento. Un informe de la arquitecta municipal bloqueó precisamente la licencia. También otro de su inmediato superior, que posteriormente cambió de criterio, tras lo que la jefa del servicio de licencias emitió otro informe en agoto de 2012 que desbloqueó la concesión a la empresa.
La sentencia señala, en cambio, que sin la elaboración del plan especial, es "inviable" la concesión de la licencia para los derribos, dado que ese plan debe ordenar todo el espacio de Mina La Camocha antes de cualquier actuación, afecte a edificios protegidos en el catálogo municipal o no. "Una segunda infracción legal consiste en la concesión de la licencia sin el informe favorable de la Consejería de Cultura", añade el juez.
ACA extiende las responsabilidades de los derribos al último gobierno municipal del PSOE, en base a informes de la administración concursal de Mina La Camocha, que reseñan los contactos con la exalcaldesa, dos ediles y varios funcionarios.
