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Colectivos Asturianos reclama que la edil de Urbanismo pague por los derribos en La Camocha

Los promotores de la demanda instan a la nueva Corporación a que expediente a Lucía García y a una jefa de servicio

Por la izquierda, Domingo Goñi Tirapu, Carmen Suárez y Samuel Fernández, ayer, en Gijón. ÁNGEL GONZÁLEZ

Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) instará a la nueva corporación municipal gijonesa a que abra un expediente para que exijan que la concejala de urbanismo Lucía García y la jefa del Servicio de Licencias paguen de su bolsillo la indemnización que reclame al Ayuntamiento la empresa adjudicataria de los derribos en Mina La Camocha, bendecidos con una licencia municipal que acaba de anular una sentencia del juzgado de lo contencioso de Gijón. ACA interpuso ese pleito, representada por el abogado Javier Calzadilla.

La sentencia anula la licencia porque previamente a cualquier obra en esos terrenos es necesario redactar el plan especial previsto para los mismos y también porque se necesita un informe favorable de la Consejería de Cultura.

En un primer momento el Ayuntamiento negó la licencia al poner objeciones los técnicos municipales, pero luego varió de criterio. La edil firmó la licencia, apoyándose en un informe jurídico de la funcionaria a la que ACA también quiere que se pidan responsabilidades.

Inagen, empresa que adquirió por 555.000 euros a Mina La Camocha la chatarra de las instalaciones a demoler, pudo echar abajo algunos edificios, como los lavaderos. No así el castillete del pozo dos, al bloquear el juez los derribos. En esta empresa están "estudiando" si pedir responsabilidades patrimoniales al Ayuntamiento, señaló ayer un portavoz. Cuando se tramitó la demanda, cifraron en 200.000 euros el perjuicio que les supondría no poder achatarrar el castillete.

El artículo 145.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas regula la petición de responsabilidades patrimoniales a funcionarios y autoridades por actuaciones negligentes, culposas o dolosas. Sólo se las puede exigir la propia administración, por lo que ACA se limitará a recordar al Ayuntamiento esa obligación.

El presidente de ACA, Domingo Goñi Tirapu, señaló ayer que también están estudiando la viabilidad de emprender "acciones penales" por esta actuación del Ayuntamiento. Carmen Suárez, de Defensa Rural, apuntó que las negociaciones de la administración concursal de Mina La Camocha con el Ayuntamiento para desmantelar las instalaciones se remontan a la Corporación anterior, con Paz Fernández Felgueroso, Pedro Sanjurjo y Tino Venturo.

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