La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Demoledor informe de Intervención del Estado sobre las obras de El Musel

En el texto se asegura que el Puerto y la UTE pactaron ocultar los sobrecostes hasta pasadas las elecciones de 2007

Consejo portuario de enero de 2005, con Areces sentándose.

La oferta de la UTE Dique Torres que escogió la Autoridad Portuaria de Gijón para adjudicarle la ampliación de El Musel, debía haber sido excluida por vulnerar la legislación de contratación pública. Esa supuesta irregularidad es sólo una de las numerosas que han apreciado las dos funcionarias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el informe de 116 páginas sobre el expediente de contratación de la obra, informe fechado el pasado 15 de junio, que han elaborado a petición del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional.

El juez pidió el apoyo a la IGAE para desbrozar el expediente, accediendo a la petición en ese sentido que le había formulado la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado abrió diligencias de investigación en febrero, tras sendas denuncias interpuestas por la Fiscalía y por Ocan (una asociación vinculada a Podemos), formuladas en base al informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en el que apreció irregularidades y supuestos indicios de delitos en la contratación y ejecución de la obra. El informe elaborado ahora por la IGAE viene ahora a reforzar las dudas albergadas por el organismo europeo. Hasta el momento han sido citados a declarar como imputados el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach; el exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato y el ex gerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez.

El informe elaborado por las interventoras Fátima Blasco Cantera e Imilce Navarro Cabezas, cuestiona el proceso de contratación y licitación de la obra, los criterios de adjudicación, la ejecución de los trabajos y la aprobación de los millonarios sobrecostes en que se incurrió.

En lo que respecta a la adjudicación, la Autoridad Portuaria optó por una variante del proyecto licitado, presentada por Dique Torres, UTE en la que participan ACS (Dragados y Drace), FCC y OHL (Sato) con Alvargonzalez Contratas como socio local. Una oferta que el Puerto debía haber descalificado, dado que modificaba los precios previstos para la obra, en algunos apartados (unidades de obra). Según las interventoras, "esta oferta que incluye unidades nuevas y precios nuevos vulnera lo dispuesto" en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "que establece que la presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. En consecuencia, no debería haber sido admitida", señalan las interventoras. Una de las dos ofertas presentadas por otra UTE, la liderada por Sacyr, sí fue excluida "en circunstancias análogas" a la que admitió al grupo encabezado por Dragados, agregan.

La utilización de métodos dispares para valorar las ofertas de los cuatro grupos empresariales que competían por los trabajos, así como objeciones a las puntuaciones otorgadas a cada oferta, son también algunas de las cuestiones que plantea el informe de la IGAE. En las conclusiones, las interventoras señalan que albergan "serias dudas acerca de la viabilidad de la oferta presentada y de los criterios para su valoración".

En opinión de las interventoras el proyecto seleccionado, el de Dique Torres, resultó ser inviable. Una pincelada: La oferta de Dragados no preveía, al contrario que otras, la realización de trabajos auxiliares para evitar que los temporales de invierno desbarataran la obra avanzada durante el verano (morros de invernada). Otra: La construcción del dique de abrigo de la ampliación (el de Torres) "era una incógnita" cuando se adjudicó la obra, que "no fue desvelada" hasta año y medio después, tras encargar ensayos de laboratorio.

La falta de garantías en el aprovisionamiento de materiales de cantera, que a la postre justificaron los sobrecostes y la modificación del proyecto, al considerarlo el Puerto un imprevisto, ha sido valorado en cambio por las interventoras como deficiencias en la gestión. "Las actuaciones de la Autoridad Portuaria de Gijón en relación con el suministro de materiales no se compadecen con los principios de buena gestión", señala el informe para cuestionar el preacuerdo suscrito por el Puerto y EdP para la explotación de la Cantera de Aboño, en unas condiciones que convertían la explotación de esa cantera en un riesgo. De hecho, no se pudo explotar en la primera fase de la obra por la construcción por EdP de una desulfuradora.

El informe también cuestiona el control efectuado sobre el programa de trabajos y recalca que "la oferta presentada y valorada tiene un contenido más bien teórico, alejado de la realidad del proyecto". De hecho, a los tres meses del inicio teórico de las obras ya se detectaron "incumplimientos importantes de los compromisos adquiridos por la UTE al formular su oferta", relativos a los programas de trabajo, a la definición de procesos constructivos y al aprovisionamiento de los materiales de cantera.

El informe no sólo considera inviable el proyecto contratado, sino que considera que cualquiera de los ofertados lo habría sido igualmente en base al escaso plazo de cuatro años previsto para la ejecución del proyecto. Así lo advirtió Puertos del Estado en un informe en el que consideraba que sería imposible cumplir ese plazo, lo que distorsionaba los presupuestos que se habían presentado y abocaba a que el proyecto se tuviera que acabar modificando.

El informe no se limita a cuestionar la viabilidad del proyecto, si no que también cuestiona la propia necesidad de la obra de ampliación de El Musel. Las previsiones de superar los 30 millones de toneladas de mercancías en 2010, en base a un aumento de descarga de los graneles sólidos, debían de haberse tamizado con las directivas comunitarias de 2001 y 2003 que promovían la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, algo que va en detrimento del uso de carbón para generar electricidad.

Compartir el artículo

stats