El hecho de que Sato, una de las empresas que integran la UTE Dique Torres, fuera a la vez copropietario de la cantera de Aboño, fue valorado positivamente por la Autoridad Portuaria a la hora de adjudicar el contrato, a pesar de que podía suponer una "vulneración normativa, debida a la influencia sobre los precios que de ello se deriva", según el informe de las interventoras de la IGAE.
El informe recuerda que el Puerto apostó por el uso de esta cantera, convirtiéndose en "garante" frente a EdP, desde cuyos terrenos se tenía que efectuar la explotación y que era uno de los tres propietarios de la cantera, junto a Sato y a unos particulares.
El acuerdo entre el Puerto y EdP se suscribió cuando ya se sabía que la eléctrica iba a construir en esos terrenos una desulfuradora, lo que acabó retrasando su explotación. "Se da la paradoja de que el propio órgano de contratación suscribe condiciones que imposibilitarían el buen término del proyecto cuya contratación ha tramitado y se erige en garante del cumplimiento del adjudicatario que formalizara el correspondiente contrato", señala el informe de la IGAE.
En otro pasaje, las interventoras destacan que "el riesgo asumido al no diversificar las fuentes de suministro pone en peligro el buen fin del proyecto", indicando que el estudio de materiales efectuado por la Universidad de Oviedo presentaba "un abanico de proveedores de materiales" en un radio de 60 kilómetros, frente a lo que la Autoridad Portuaria apostó por ponderar positivamente las ofertas que se centraron en la cantera de Aboño, a pesar del riesgo que suponían las condiciones para su explotación.
Ferrovial y Sacyr plantearon una menor explotación de Aboño y ofrecieron canteras de entre 15 y 22 kilómetros de distancia. Constructora Hispánica, que rechazó la cantera de Aboño, fue excluida por baja temeraria.
