El expresidente de la autoridad portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach eludió ayer, durante su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, cualquier responsabilidad en las diferentes decisiones que se tomaron durante la licitación y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel porque "no tenía capacidad de decisión" y nunca actuó "de motu propio".
Rexach declaró ayer durante casi cuatro horas como imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la tramitación y ejecución de la obra de ampliación de El Musel, desveladas por una investigación de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). Rexach es uno de los tres imputados hasta la fecha, junto al exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato, que declara hoy y al exgerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez, quien comparecerá el 7 de julio.
Ayer Rexach reiteró ante el juez que las decisiones siempre se tomaron por "unanimidad" en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y en la Comisión Técnica de las obras de ampliación y, además, contaron con el "aval" de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento, indicaron fuentes jurídicas.
Menéndez Rexach, siempre según fuentes jurídicas, habría dicho que el informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) contiene "inexactitudes" y el mismo es fruto de la "situación de tensión" que se vivió en un momento dado tras la denuncia en 2009 de Andecha Astur. "El hecho de que haya una investigación de la OLAF no significa que se haya hecho nada ilegal en las obras de ampliación de El Musel", aseguró ante el juez.
Según las mismas fuentes, donde Menéndez Rexach se mostró más esquivo fue en las preguntas concretas sobre las operaciones con Tudela Veguín y sus canteras de Peña María y La Hoya-Perecil, donde se limitó a señalar que eso era responsabilidad de la UTE Dique Torres ( e integrada por las empresas Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas), encargada de llevar adelante las obras.
El abogado defensor de Menéndez Rexach, Agustín Azparren, dijo que su defendido tenía "mucho interés en que se le oyera", porque estaba en una situación de "indefensión" ahora "por fin se ha podido explicar". Según Azparren, el expresidente del Puerto aseguró al juez que él "no tenía ninguna capacidad de decisión en ninguna de las fases de las obras, anteproyecto, proyecto, licitación, Comité Técnico... Han intervenido muchísimos organismos en este proceso y todos han intervenido por unanimidad". Y, sobre todo, que "ninguna obra ha tenido los controles que tuvo ésta, por su importancia, desde la Abogacía del Estado, la Intervención del Estado, Puertos del Estado, Ministerio de Fomento...". Por eso, según Azparren, "es difícil ver dónde hay algún posible delito en este asunto".
Menéndez Rexach está imputado, de momento por tres delitos: Fraude, malversación y prevaricación, explicó Azparren. El abogado resaltó que "el informe de la OLAF, que todo el mundo ha tomado como dogma de fe e incluso ha servido de base para el de la Intervención General del Estado, tiene muchísimos errores, porque lo han hecho tres personas que son juristas, sin ninguna capacidad técnica, sin asesorarse técnicamente, y tiene muchos errores", sentenció.
Azparren dijo igualmente que su cliente había "justificado y explicado debidamente" todos los sobrecostes de las obras, "con todo detalle", agregando que los sobrecostes "también han sido justificados por la Intervención General de Estado, Puertos del Estado, Fomento...". El letrado, antes de indicar que la liquidación final del presupuesto fue negativa, ya que un total de 90 millones, "de los que se habían presupuestado con el modificado", se dejaron sin gastar, apuntó que la Unión Europea ya no está en plazo para pedir la devolución de los 247,5 millones de fondos que empleó en este proyecto. Por todo ello, considera que "es muy difícil encontrar algún elemento desde el punto de vista penal. Habrá habido alguna irregularidad administrativa, algo lógico en una obra de esta envergadura, pero desde el punto de vista penal, no hay nada, de momento".
La Audiencia Nacional abrió diligencias penales a raíz de sendas denuncias de la Fiscalía Anticorrupción y de Ocan (asociación vinculada a Podemos). Ayer, el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, señaló a las puertas de la Audiencia que se tiene que dilucidar porqué y "quien decidió ocultar los sobrecostes hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y porqué se decidió llevar adelante una obra innecesaria. ¿A quién beneficiaba tirar 700 millones de euros al mar?, se preguntaba el líder de Podemos en Asturias, antes de decir que "cada vez está más claro que poco a poco se está estrechando el cerco sobre la FSA (Federación Socialista Asturiana), que es quien ostentaba la mayoría en el Consejo de Administración del puerto, y no está interesada pues en levantar las alfombras".
