José Luis Díaz Rato negó también ante el juez que él hubiera dicho en una reunión en junio de 2006 que el Puerto asumía los sobrecostes de 200 millones de euros que pedía la UTE Dique Torres, pero que la tramitación administrativa de los mismos debía posponerse hasta después de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007. Eso es lo que se afirma en el informe pericial elaborado por dos interventoras de la IGAE a petición del juez, que tuvieron acceso a un acta de la reunión.
Fuentes jurídicas aclararon ayer que se trata de un documento interno sin firmar, de la UTE Dique Torres, cuya validez no reconocen los exdirectivos portuarios imputados.
Ante el juez, Díaz Rato señaló ayer que "eso es absolutamente falso", que se decidiera ocultar los sobrecostes de las obras hasta después de las elecciones de 2007 "primero porque no estaban calculados para entonces y segundo porque no se podía realizar el modificado hasta saber cuánto podía valer y cuando estuvo fue en diciembre de 2007", explicó el letrado del exdirector de El Musel tras la declaración.
