"Al director de una Autoridad Portuaria ni lo nombraba ni lo cesaba, así que difícilmente le podía ordenar nada". El ex secretario de Estado de Transporte, Fernando Palao Taboada, respondió ayer así -a preguntas de este diario- a las manifestaciones del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, en su declaración ante la Audiencia Nacional por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel. En su declaración como exdirector del Puerto y exdirector de la obra, Díaz Rato indicó al juez que la decisión de asumir sobrecostes en la ampliación se tomó a principios de 2006, en una reunión en Madrid en la que participó junto a Palao, al entonces presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas Gutiérrez y a directivos de la UTE Dique Torres. Palao señaló ayer que ni el ni Navas dieron orden alguna y también negó que se produjera esa reunión a tres bandas con la UTE, aunque sí las hubo entre ellos y los entonces directivos de El Musel.

Fernando Palao indicó que "era lógico que nos preocupáramos" en referencia a él mismo y a Navas, porque "la obra estaba parada porque el contratista decía que no encontraba piedra por el precio que le costaba, superior al dinero que percibía por la unidad de obra", en una situación en la que "evidentemente no se sabían los sobrecostes" que se podían originar, lo que motivó "seguramente más de una reunión", en la que él participó por su buen conocimiento del puerto gijonés, del que había sido su presidente durante nueve meses antes de ser llamado a ocupar el alto cargo que desempeñó en el Ministerio. Lo que sí quiso dejar claro Palao es que "yo no estuve reunido con la gente de la UTE para nada", en contra de lo que apuntó Díaz Rato.

Fernando Palao agregó que "es lógico que nos preocupáramos, pero de ahí a decir que ordenábamos cosas a la Autoridad Portuaria" hay una gran diferencia y recalcó que la Autoridad Portuaria "es suficientemente autónoma, me refiero a su Consejo de Administración, para tomar sus propias decisiones y hacer los ceses y nombramientos del director correspondiente".

El ex alto cargo de Fomento recalcó que "órdenes, ninguna mía y de Puertos del Estado, tampoco. Yo sólo ordeno a quien puedo ordenar y Puertos del Estado tiene unas competencias de control sobre las Autoridades Portuarias, pero capacidad para ordenar no tiene: Ni al presidente ni al director de la Autoridad Portuaria los nombra Puertos del Estado".

En términos similares se pronunciaron fuentes relevantes de Puertos del Estado en la época en que el organismo lo presidía Mariano Navas, señalando que "ni Puertos del Estado tiene competencias directas para ordenar un modificado ni indirectas para hacer nombramientos y designaciones" del presidente y director de El Musel.

El propio Mariano Navas, funcionario de carrera que sigue vinculado al Ministerio de Fomento, declinó ayer hacer valoraciones sobre las declaraciones ante el juez de Díaz Rato. Palao, actualmente vinculado a la empresa privada, no tuvo reparos en expresarse, a preguntas de este diario. El ex secretario de Estado de Transportes señaló que "no me preocupa demasiado" la alusión de Díaz Rato y matizó que hace sus consideraciones "tal como yo lo recuerdo, pues tengo imágenes bastante alejadas de aquello".

La obra de ampliación de El Musel se adjudicó en enero de 2005 en 499 millones, sin contar el IVA, que fue el precio de licitación. En diciembre de 2007 el Consejo de Administración aprobó un modificado de la obra con unos sobrecostes de 216,33 millones de euros. Al final, el Puerto acabó pagando 708,78 millones de euros, (incluyendo unos 124 de sobrecostes y 85 de actualización de precios). Dique Torres reclama en un contencioso-administrativo otros 350 millones (300 de sobrecostes).

A pesar de que el modificado no se aprobó técnicamente hasta finales de 2007, el Puerto comenzó a pagar los nuevos precios de las unidades de obra en abril de 2006. Un documento interno de Dique Torres, cuyo contenido niegan los exdirectivos de la Autoridad Portuaria, señala que en junio de 2006 ambas partes pactaron unos sobrecostes de 200 millones de euros, pero retrasando su tramitación hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.

Díaz Rato es una de las tres personas que han sido imputadas por el juez, junto al expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y al exgerente de la UTE Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez.