Viliulfo Díaz, abogado defensor del exdirector del Puerto y de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato, sostiene que el pago de sobrecostes con anterioridad a que se tramitara la modificación del proyecto de la obra, fue una actuación "tutelada" por Puertos del Estado y por el Ministerio de Fomento, asumida posteriormente y "subsanada" por el consejo de administración del Puerto y además una forma de actuar habitual en grandes obras públicas.
Las actas de modificación de los precios de las unidades de obra en la ampliación, firmadas por Díaz Rato, comienzan a pagarse en abril de 2006, veinte meses antes de que el consejo aprobara la modificación técnica del proyecto y son una de las supuestas irregularidades apuntadas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en el informe que ha dado pie a la apertura de una investigación penal en la Audiencia Nacional.
Viliulfo Díaz ya apuntó que para la negociación de nuevos precios hubo varias reuniones en el Ministerio entre el exsecretario de Estado de Transportes, Fernando Palao; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; Díaz Rato y el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y altos directivos de las empresas que integran la UTE Dique Torres (Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas). Esos encuentros fueron negados por Palao, aunque un directivo de Dique Torres, que no acudió a las mismas, dijo ante el juez tener conocimiento de una.
"Las actas de precios contradictorios se plantean a indicación del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado para no rescindir la obra, pues la contrata no estaba dispuesta a continuar, al haberle fallado los lugares de suministro de los materiales pétreos previstos y resultar inasumibles los incrementos de coste que se estaban produciendo", señala el letrado, quien resalta que tanto el proyecto inicial como el modificado "estuvieron sometidos a los controles técnicos y administrativos por parte de los organismos responsables".
Agrega el defensor de Díaz Rato, como prueba de que "Puertos del Estado y Fomento estaban tutelando todo el proceso" que las solicitudes de subvenciones a la UE en 2006 "que hace Puertos del Estado a Bruselas", se tramitan con los nuevos precios aplicados a pedraplenes y escolleras y que en el otoño de 2007 se modificó el Plan de Inversiones y el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria para 2008 "y se incluyó una financiación de 135 millones de euros para el Modificado, dentro del programa Operativo de Fondos de Cohesión 2007-2013".
Añade que "las actas de precios contradictorios del año 2006, se acompañan como anejo al proyecto modificado, donde también se incluyen los nuevos precios de aplicación en el mismo" que fue aprobado por el consejo de administración en diciembre de 2007, habiendo recibido informes favorables de Puertos del Estado, el Abogado del Estado, la Inspección General del Ministerio de Fomento y la Intervención General de la Administración del Estado, agrega el letrado. Así quedó "subsanado, con la aprobación del consejo de administración del puerto de Gijón, cualquier defecto administrativo que hubiera tenido lugar". El contrato con el proyecto modificado "no se pudo formalizar hasta febrero de 2010, en que se consiguió el crédito del ICO de 215 millones de euros que aseguraba su financiación".
El defensor de Díaz Rato recalca que las actas de precios nuevos se plantearon "con la idea de incluirlas dentro de un futuro modificado, que solo se podría tramitar una vez conocido su importe" y tras tener asegurada su financiación. Fue por eso, añade, que si se esperó a tramitar el modificado se debió a que "esto solo se produce cuando se conoce la procedencia de los materiales pétreos, cuando se dispone de la información de los laboratorios que estaban sometiendo a ensayo los diferentes tramos del dique de defensa para ajustar su diseño y cuando se ha procedido con éxito en 2007 al fondeo de los primeros 14 cajones de hormigón del dique vertical, con lo que el plazo de finalización de la obra estaba asegurado".
El motivo de por qué había esas incertidumbres en el proyecto de una obra que ya estaba en marcha es, según el abogado del exdirector del Puerto, que el proyecto era el desarrollo de un anteproyecto "elaborado por Puertos del Estado, siendo ministro Álvarez Cascos" y que el Puerto "tuvo que convertirlo en proyecto en cuatro meses, sin poder hacer los ensayos necesarios para ajustarlo. Estos ensayos deberían dar lugar a aumentos y disminuciones de unidades cuyo balance no se conoció hasta mediados de 2007", fecha en la que "se conoce el incremento de presupuesto, el incremento de plazo y la financiación", por lo que fue en ese momento cuando se plantea su aprobación al consejo, agrega.
Resalta que los pagos al contratista conforme a precios nuevos, antes de la aprobación del modificado son "a cuenta" de la medición final y de la liquidación correspondiente y que "muchos modificados en España se tramitan inmediatamente antes de la liquidación, pues es en ese momento cuando se tienen los datos reales. En el caso de El Musel se tramitó poniendo un techo máximo posible para poder soportar todas las incidencias. El resultado final fue que de un incremento previsto de 216 millones de euros, se pasó a pagar sólo 124 en la liquidación".
Díaz añade que la obra de El Musel no es la única en la que se han aplicado precios nuevos de ese modo, sino que ha ocurrido en más obras públicas y pone como ejemplo el proyecto de la Fase II de la margen derecha de la Ría de Avilés, con un presupuesto de 31,7 millones "en el que durante su ejecución se introdujeron por la dirección de la obra unidades y precios nuevos, sin pasar por el consejo del puerto de Avilés durante el mandato de Raimundo Abando y que tuvieron que ser subsanados a posteriori en el modificado", tras su cese, agrega el letrado.
Canteras
El abogado también puntualizó que el la obra de ampliación se adjudicó en 499 millones y se liquidó en 708,9 de los que 623 fueron obra ejecutada (el resto fue actualización de precios) y de esa cantidad "90 millones fue el incremento de los áridos, lo que supone un 43% del incremento total de 208,9 millones" y no la mayor parte del sobrecoste. Agrega que los mayores incrementos en los materiales se debieron a los áridos de canteras comerciales y en menor medida a los costes originados por la construcción de una desulfuradora en la cantera de Aboño. Viliulfo Díaz también asegura que el Puerto no hizo ninguna negociación con la cantera de Aboño ni renegoció los precios de los materiales, sino que "se dio por enterada del canon que tenía que pagar la UTE a HC" y que la Autoridad Portuaria "nunca ha realizado acuerdos a tres bandas con la UTE y Tudela Veguín"
Respecto a la adquisición del Alto Aboño, afirmó que se hizo para obtener nuevos terrenos portuarios, con unas tasas de concesión más baratas que los que están a pie de muelle. La mitad de esos terrenos se compraron a 6 euros el m2 (a Tudela Veguín) y el resto se expropiaron, fijando el jurado de expropiación un justiprecio de 27 euros el m2. La idea era aprovechar la obra de ampliación para verter en la misma los 10 millones de m3 que había que desmontar para poner el terreno al mismo nivel que la explanada de Aboño, volumen que en su mitad era material de relleno y la otra mitad roca caliza. Algo que no fue posible hacer al bloquearlo en los tribunales el Ayuntamiento de Carreño.
