Las defensas de José Luis Díaz Rato y de Fernando Menéndez Rexach están preparando sendos escritos para solicitar el sobreseimiento de la causa o, subsidiariamente, la "desimputación" de los exdirectivos portuarios, según explica Viliulfo Díaz.
Entre sus argumentos, aludirán a lo que consideran "errores del informe de la OLAF", como la consideración de que en junio de 2005 Dique Torres ya se había asegurado 24 millones de toneladas de piedra de canteras de Tudela Veguín, dado que la OLAF "contabiliza por duplicado 6 millones de toneladas de piedra", que no todo el tonelaje al que alude es piedra y que fue imposible explotar una de las canteras pactadas, Perecil II, lo que dio lugar a un nuevo contrato en marzo de 2009 para extraer 9 millones de toneladas de caliza de Perecil I.
Otro "error" de la OLAF, agrega, es considerar que el canon de la cantera de Aboño se negoció después de adjudicar la obra y que el Puerto asumía una responsabilidad solidaria sobre su explotación. Contra esta afirmación, Díaz apela a informes del Abogado del Estado al respecto y Apunta que los sobrecostes en esa cantera se debieron a "causas sobrevenidas" por la instalación por HC de una desulfuradora.
También considera, en base a informes del Abogado del Estado y escritos del Ministerio de Hacienda, erronea la afirmación de la OLAF de que se incumplieron normas de contratación pública.
Díaz niega además que sea cierta la obtención de piedra de Tudela Veguín sin contraprestación económica y el falseamiento de precios, señalando que esos materiales se pagaron a precio de proyecto y que sí hubo contraprestaciones: la obligatoriedad para la UTE de adquirir todo el cemento a Tudela Veguín, lo que implicó "un sobrecoste de 9 euros por tonelada" y otras obligaciones asumidas por la UTE a beneficio de la cementera. Sobre la falta de control en la cantidad de material, la defensa dice que esa sospecha fue rebatida por la asistencia técnica y que la obra fue auditada por Puertos del Estado, KPMG y la IGAE.
También niega fallos en la pista de auditoría, porque la OLAF la atribuye a Dique Torres, cuando la misma corresponde al Puerto. Agrega que la OLAF confunde pesos con volúmenes y que el contrainforme de la Autoridad Portuaria rebate que haya habido doble contabilidad de camiones.
También se apoya en el acta de recepción de las obras, en el que la Inspección de Fomento reseña que se ajustan a lo pactado y que la liquidación negativa de las obras no supuso devolución de dinero cobrado de más, en contra de lo que dice la OLAF.
