La defensa del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón y exdirector de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato, mantiene que éste no tenía "capacidad decisoria" en nombre del Puerto y que los informes que se hicieron para la adjudicación de la obra fueron a cargo de órganos colegiados, comisiones técnicas en las que él participó pero también otras personas. Ese es uno de los argumentos que presenta el abogado Viliulfo Díaz en el escrito mediante el cual ha solicitado al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que archive la causa contra su defendido, una de las tres personas que han declarado como imputados por el supuesto fraude en la obra de ampliación. El expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, también ha pedido el archivo de las actuaciones respecto a él. Ambos reclaman subsidiariamente que se los desimpute.
El escrito de la defensa de Díaz Rato señala que "no es posible" considerar al exdirectivo portuario ni autor ni cómplice de los supuestos delitos que el Ministerio Fiscal considera que se han podido cometer en torno a la obra de ampliación y recalca que las propuestas sobre la adjudicación de la obra se hicieron de forma unánime por órganos colegiados.
El alegato de la defensa del exdirector señala que los supuestos delitos habrían prescrito por el tiempo transcurrido, en especial los relativos "al momento de la ideación del proyecto de ampliación o la confección de los pliegos de contratación del mismo" y también considera que en el juzgado sólo hay una atribución de "vagas y parciales imputaciones" a Díaz Rato.
El escrito justifica la tramitación de los sobrecostes por el "contexto" por la imposibilidad de explotar canteras por causas sobrevenidas, respecto a lo cual considera "muy destacable" que el exalcalde de Carreño y exconsejero de El Musel, Ángel Riego, no pusiera ningún reparo en el Consejo a que la UTE abriera un nuevo frente de cantera en el Perecil (algo que figuraba en la oferta presentada por la UTE Dique Torres, que aprobó el Consejo de El Musel), pero luego el Pleno del Ayuntamiento de Carreño bloqueara la apertura de esa cantera. Otro de los argumentos del escrito de defensa fueron los temporales "sin parangón, que acecharon a los diques en proceso constructivo, causando notables desperfectos, sin que pudieran achacarse al riesgo y ventura del contratista", además de que el Puerto rechazó un segundo modificado de la obra, lo que llevó a Dique Torres a paralizarla a pocos meses de su finalización.
Viliulfo Díaz también cuestiona algunas de las afirmaciones de las dos inspectoras de la IGAE que realizaron un informe pericial sobre el expediente de la obra, considerando que contiene errores porque no consultaron los miles de documentos del proyecto "en su totalidad".
"Cabezas de turco"
Respecto al control de la obra y su tramitación, se apoya en los informes favorables de diversos organismos públicos y a las labores de control de la asistencia técnica, en especial las de control de ejecución y control geométrico de la obra.
El letrado considera que su defendido se está viendo sometido a "una causa general revisionista, cuyas cabezas de turco son los imputados", y también sostiene que las denuncias obedecen a un interés político, en año de elecciones generales, con lo que "se pervierte el proceso penal con el único fin de protagonizar titulares de prensa" para conseguir "rédito electoral" a costa de "la imagen y honorabilidad de distintas personas".
