Habrá juicio oral por el caso de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), abierto tras las denuncias impulsadas desde el gobierno local de Foro por presuntas irregularidades en la concesión de contratos de obras de la entidad entre 2009 y 2012. Juan Laborda, titular del Juzgado de Instrucción número cinco, ve indicios suficientes para continuar con el proceso y abrir la fase de juicio oral, algo previsible dado que existe acusación firme de la Fiscalía. Ésta reclama para Dulce Gallego, exedil del PSOE y expresidenta de la EMA, dos años de prisión; misma pena que reclama para Luis Alemany, quien fuera gerente de la entidad hasta ser destituido en el segundo año de mandato de Foro.
A ambos, la Fiscalía les acusa de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales. Además de la pena de prisión, la fiscal solicita para Gallego y Alemany ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. La acusación particular, la EMA, eleva la petición de pena a tres años y la de inhabilitación a diez.
Las acusaciones consideran que, con su gestión de contratos de obras, beneficiaron a las empresas Suymcoplas y Aldesa. Por parte de la primera, ya liquidada, está acusado su dueño, José Luis González Muñiz. La Fiscalía le imputa un delito de fraudes y exacciones y otro de tráfico de influencias, solicitando para él dos años de prisión por cada delito y tres de inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con entes del sector público.
Por parte de Aldesa, se apunta a dos directivos: Jaime Martín y Javier Fernando Balseiro. La Fiscalía reclama para ellos la misma pena que para José Luis González.
Si bien, en base a los cálculos que hacen de los montantes de los contratos con la EMA, varía la petición de multa. Para cada uno de los responsables de Aldesa la Fiscalía reclama 350.000 euros; mientras que para el propietario de Suymcoplas solicita 3,5 millones. Una cifra de la que se ha valido el juez para fijar una fianza muy abultada.
Pese a que la Fiscalía solo reclama esa multa para José Luis González, el juez Laborda establece una fianza de más de 3,5 millones de euros solidaria para él, Gallego y Alemany. Algo que, según fuentes del caso, ha sorprendido. No en vano, supera la fianza de 2.697.150 euros que se le impuso, en un principio, a la Infanta Cristina y que finalmente se ha reducido a 449.525 euros.
Los 3,5 millones establecidos por el juez Laborda también superan con creces el montante (más de 2,15 millones) de los contratos supuestamente irregulares con los que, según defiende la Fiscalía, se beneficiaron las empresas envueltas en el caso de la EMA. A ello hay que sumarle unos presuntos sobrecostes ilegales en obras, estimados en 800.000 euros por los actuales gestores de la empresa y la fiscal.
La EMA tenía contratos marco con Suymcoplas y Aldesa, encargados de realizar trabajos menores urgentes. Según la acusación, se adjudicaron directamente 22 obras superiores a 50.000 euros, que, argumentan, deberían estar fuera de los contratos marco y tendrían que haber salido a concurso. Sin embargo, la ilegalidad de este punto no está clara, dado que incluso un informe pericial encargado por la EMA estima que "no existe previsión legal ni pronunciamiento jurisprudencial o doctrinal que impida que un acuerdo marco dé cobertura a contratos derivados de importe superior a 50.000 euros".
A ello hay que sumarle que sentencias judiciales anteriores han negado la existencia de estas irregularidades en la gestión de la EMA. Así lo dejó claro el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en su razonamiento dentro de una sentencia que declaró improcedente el despido, por parte del gobierno de Foro, del anterior jefe técnico de la entidad, Javier Tagarro.
