Aclarar qué cantidad de material se usó en la obra de ampliación de El Musel, de qué cantera salió cada tonelada de piedra y el precio que se pagó por la misma es uno de los objetivos que ha marcado la Fiscalía Anticorrupción para avanzar en la investigación del supuesto fraude en la gran obra portuaria. Las dudas respecto a los datos oficiales del coste de la obra y a las cantidades de material empleado fueron formuladas por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) en el informe que dio pie a las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional por la Fiscalía y por Ocan (asociación vinculada a Podemos). La Fiscalía solicita ahora al juez que encargue un informe pericial para despejar esas dudas.
Esa petición forma parte de uno de los dos escritos en los que Anticorrupción también ha solicitado que declaren como imputados el exalcalde de Carreño y exconsejero del Puerto, así como dos exgerentes de Dique Torres y directivos de Tudela Veguín, que se sumarían a los tres exdirectivos del Puerto y de Dique Torres imputados hasta la fecha.
El volumen real de los materiales empleados en la obra, así como sus precios fueron una de las cuestiones sobre las que no se pudieron pronunciar las dos funcionarias de la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) que ya han realizado un primer informe pericial a petición del juzgado, para analizar el expediente administrativo de la obra.
Las inspectoras de la IGAE no contaban con los partes de control del avance en obra efectuados por la asistencia técnica a la dirección (la UTE Cabo Torres), que llegaron posteriormente al juzgado, ni con el detalle de la contabilidad de la UTE Dique Torres, que ésta había eludido entregar a los inspectores de la OLAF. Ahora, el fiscal solicita al juez que reclame esa documentación de las constructoras.
El planteamiento de la fiscalía es que el juez encargue un nuevo informe pericial para cruzar la información de Dique Torres con los informes de la asistencia a la dirección de obra y con los pagos por certificación de obra. Este cruce de datos es "relevante" para el Ministerio Público. Con él se puede comprobar si lo que pagó el Puerto a Dique Torres se corresponde con los costes reales que soportaron las constructoras.
El Fiscal también solicita que se reclame a la Autoridad Portuaria de Gijón que aporte documentos del expediente administrativo que no fueron enviados al juzgado o que fueron enviados sin firmar, además de pedir el envío del expediente de expropiación del Alto de Aboño, asunto sobre el que uno de los expropiados, José Prendes, y la asociación que preside están personados como acusación particular.
Por otro lado, desde Tudela Veguín declinaron ayer hacer comentarios sobre la imputación de uno de sus directivos. El fiscal también ha instado al juez a solicitar a Tudela Veguín todos los contratos suscritos con Dique Torres así como con las empresas que la integran: Dragados, FCC, FSP (antes denominada Drace), Sato y Alvargonzález Contratas desde la constitución de Dique Torres.
