Dora Alonso, quien fuera secretaria del Ayuntamiento hasta su destitución por la alcaldesa Carmen Moriyón en octubre de 2013, corrió ayer la misma suerte en su puesto de secretaria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa). Ese puesto pasa a ser ocupado desde ahora por el actual responsable de la secretaría general del Ayuntamiento, Miguel Ángel de Diego. La propuesta de cambio que el gobierno forista llevó ayer a Emtusa se repetirá estos días en los consejos de administración de las empresas de Aguas (EMA) y Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa).

El cambio de secretario del consejo de Emtusa estuvo marcado por la bronca. Foro acabó sacando adelante su propuesta en segunda votación y gracias al apoyo de los representantes vecinales, sindicales y del Partido Popular. Los consejeros del PSOE y Ciudadanos se decantaron por la abstención y el no fue la respuesta de Izquierda Unida y Xixón Sí Puede. Estos partidos de la oposición municipal no dan por buena la justificación del equipo de gobierno sobre la idoneidad de que coincidan en la misma persona los cargos de secretario del consejo de administración y de la junta general de la empresa (que es el Pleno al ser el Ayuntamiento el único propietario).

Los estatutos no imponen esa coincidencia. De hecho, Alonso ya fue cesada hace unos meses de la secretaría de los consejos de administración de Divertia y el Centro Municipal de Empresas donde la configuración del consejo daba mayoría a la representación de Foro. Entonces fue sustituida por el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Abelardo Rodríguez, persona de la confianza del gobierno forista de Carmen Moriyón. Ahora, y en el marco de la nueva ordenación de las empresas tras las pasadas elecciones, se plantean estas nuevas destituciones.

Foro opta por retirar a Alonso esas responsabilidades. Trabajo que se añade a De Diego que, por contra, tuvo que dejar la labor de secretario general letrado de la Junta de Gobierno para la que había sido nombrado en febrero. La Delegación de Gobierno anuló la designación al ser contraria a la actual normativa.