El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón se quedará sin ningún representante de primer nivel del Principado, que por primera vez ha decidido no sentar a ningún miembro de su Consejo de Gobierno en los sillones del máximo órgano de gestión del Puerto gijonés.
Ni la consejera de Infraestructuras ni el consejero de Industria, habituales representantes del Gobierno regional en el consejo portuario gijonés, seguirán en el mismo. El Gobierno regional ha optado por dejar su representación en manos de tres directores generales de otras tantas consejerías, además de ceder un puesto a una concejala socialista de Gijón.
El Musel es un puerto de interés general del Estado y orgánica y presupuestariamente depende del Ministerio de Fomento, pero su gestión está en manos del Principado, que es quien nombra presidentes portuarios y que tiene una amplia representación en el consejo.
Ese control político por parte del Principado se ejerce desde hace años desde la Consejería de Infraestructuras. Su actual titular, Belén Fernández, que era consejera de El Musel, deja de serlo.
El nuevo consejero de Industria, Francisco Blanco, que fue consejero de El Musel mientras era concejal gijonés, también sale del consejo portuario en el que había estado sentado su predecesor en la consejería, Graciano Torre.
Los nuevos representantes del Principado en El Musel son el director general de presupuestos, Francisco José Sánchez Fernández; el director general de industrial, Luis Ángel Colunga; la directora general de medio ambiente, María Elena Maisón y la concejala socialista del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda.
Otros de los nuevos miembros del consejo son la nueva alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández López y el secretario federal del sector marítimo y de puertos de UGT, José Manuel Pérez-Vega Artime.
Los cambios en el consejo de administración del Puerto llegan en un momento en el que el mismo se enfrenta a una dura batalla legal por las supuestas irregularidades en la obra de ampliación de El Musel y también después de que los socialistas asturianos hayan decidido que los representantes públicos regionales sin excepción dejen de cobrar dietas por su presencia en otros órganos en función de su cargo, explican las fuentes consultadas.
