El magistrado Juan Pablo González, que dirige desde el Juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional la instrucción por las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel, ha rechazado la querella formulada por Manos Limpias contra el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; el exconsejero de Industria, Francisco González Buendía y los exministros de Fomento Magdalena Álvarez y José Blanco, dirigentes socialistas en los gobiernos autonómico y central durante la obra.
El magistrado sí admite otra parte de la querella, la que apunta hacia el expresidente y exdirector de El Musel, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, ya imputados en la causa. El juez admite la personación de Manos Limpias como acusación popular, condicionándola a que deposite una fianza de 10.000 euros y a que comparta abogado con la otra acusación popular ya personada, Ocan (asociación vinculada a Podemos).
El auto mediante el que el magistrado rechaza admitir la querella en lo que respecta a los cuatro dirigentes políticos, señala que de lo conocido hasta ahora por el Juzgado a través de las diligencias practicadas, "no se desprende ningún elemento indiciario de la participación delictiva" de Areces, Buendía, Blanco y Álvarez en los hechos que se investigan. "Ni siquiera, por el momento, se ha revelado línea de investigación alguna que permita reconducir ésta hacia la averiguación de la posible connivencia de estas personas en las conductas presuntamente delictivas que se investigan en el marco de la presente causa".
El magistrado califica de "suposiciones o meras sospechas de los querellantes" sus acusaciones contra los cuatro dirigentes políticos sin que puedan sostener con ninguna evidencia fáctica "y siempre en el actual estado procesal de la causa" que ninguno de los cuatro se hubieran concertado con Dique Torres para la entrega indebida de fondos públicos o para su defraudación, ni que hubieran adoptado resoluciones arbitrarias desde sus responsabilidades directamente relacionadas con la adjudicación del contrato y su posterior modificación.
El magistrado también argumenta que ninguno de esos cuatro dirigentes políticos era miembro del consejo de administración de El Musel -afirmación errónea en lo que se refiere a Buendía- y que la presencia de Areces en el consejo en el que se adjudicó la obra de El Musel, en enero de 2005 "no puede entenderse más que como una presencia meramente protocolaria, que si bien apunta hacia la preponderancia de criterios no estrictamente jurídicos en orden a la adjudicación del contrato, no cabe deducir solamente de este dato circunstancial (...) la posibilidad ni de una connivencia en las decisiones administrativas cuya legalidad se investiga ni de cualquier otra forma determinante con aquellas decisiones", agregando que el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach calificó también en su declaración judicial como "presencia protocolaria" la de Areces en el Consejo de El Musel el día de la adjudicación de la obra.
Manos Limpias difundió ayer un comunicado anunciando la presentación de un recurso contra la exclusión de la querella de los dirigentes políticos, contra la fijación de la fianza de 10.000 euros y contra la obligación de tener que compartir abogado con Ocan.
A este último respecto, el magistrado considera que ambas acusaciones populares pueden compartir letrado al considerar que no hay "divergencia de intereses" entre ambas y para evitar dilaciones indebidas que podrían derivarse de la duplicidad de asistencias legales.
Manos Limpias, en cambio, rechaza compartir abogado con Ocan, recordando que ha denunciado a uno de los fundadores de esa asociación por asuntos ajenos a El Musel.
La obra de ampliación del Puerto gijonés se adjudicó y ejecutó durante los mandatos de gobiernos del PSOE en Asturias y España. La mayoría del consejo de administración en esa etapa eran cargos nombrados por ambos gobiernos, junto a los entonces alcaldes de Gijón y Carreño, también del PSOE, y a representantes de sindicatos y organizaciones empresariales. La obra fue adjudicada a la UTE Dique Torres en enero de 2005 en 499 millones de euros (sin incluir el IVA), tras haber obtenido una subvención de Fondos de Cohesión de la UE de 247,5 millones. En 2007 el Puerto aprobó un modificado del proyecto elevando el presupuesto hasta un máximo de 216 millones más (251 incluyendo el IVA). Al final el Puerto liquidó la obra en 708,78 millones de euros (sin incluir IVA), asumiendo 124 millones de sobrecostes y otros 85 de actualización de precios.
La gestión de la obra acabó en la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía Anticorrupción y la asociación Ocan (vinculada a Podemos) presentaran sendas denuncias en base al informe elaborado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que apreció supuestas irregularidades y fraude en la obra. La denuncia de la Fiscalía también se apoyó en las informaciones aportadas por expropiados del Alto Aboño, en el caso del fiscal- El juez ha citado a declarar como imputados al expresidente y al exdirector de El Musel, a los exgerentes de la UTE Dique Torres Juan Miguel Pérez y David López Navarrete y al exalcalde de Carreño y exconsejero de El Musel, Ángel Riego. Los cuatro primeros ya declararon, mientras que López Navarrete y Riego están citados para el viernes de la próxima semana.
La UE también tiene abierto un procedimiento para recuperar los fondos de cohesión, tras el informe de la OLAF, con la propuesta de que el Puerto devuelva los 198 millones que ya cobró y de no abonarle los 49,5 pendientes.
