También declaró ante el juez como imputado en la maratoniana jornada de ayer en la Audiencia Nacional, que comenzó a las nueve de la mañana y finalizó cerca de las cinco de la tarde, el que fuera gerente de la UTE David López Navarrete. Éste negó connivencia alguna entre Dique Torres y la autoridad portuaria y llegó a decir que lo que hubo fue una evidente tensión entre ambas partes, para terminar afirmando que "no hubo irregularidad alguna en los sobrecostes" que finalmente se dieron en la ampliación del puerto. La Fiscalía Anticorrupción considera que David López Navarrete podría haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la Hacienda Pública.
El juez también escuchó ayer las declaraciones de tres miembros de la Oficina Antifraude a la Unión Europea (OLAF), entidad que destapó, en un amplio informe, las supuestas irregularidades en las obras de ampliación de El Musel, que llevaron a que se produjera unos sobrecostes de más de 200 millones de euros. José Manuel Mata Blanco, Esteban Castro Fernández y Artur Marqués Domingos, que rehusaron hacer comentarios tras su declaración, se ratificaron plenamente en el informe que redactaron en su día, que indicaba, entre otras cosas, que 68.000 pesajes de pétreos y áridos fueron "falsificados" durante la ejecución de las obras. Los miembros de la OLAF, de cualquier manera, tendrán que volver a la Audiencia Nacional para terminar su declaración, ya que ayer no pudieron finalizarla al tener cerrada para las tres de la tarde su vuelta en avión a Bruselas.
Las defensas del expresidente de la autoridad portuaria, Fernando Menéndez Rexach, y del exdirector del puerto, José Luis Díaz Rato, ambos imputados en la causa, encarnadas en Agustín Azparren y Viliulfo Díaz, achacaron al informe de la OLAF "falta de rigor técnico" al estar redactado por "economistas y juristas" y "no por técnicos que conocen la detalle el desarrollo de este tipo de obras". Las defensas acogieron con "satisfacción" as preguntas de la abogacía del Estado, que a su juicio "favorecen a las defensas".
El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies, personado en el proceso como acusación particular y vinculado a Podemos se plantea pedir la declaración ante el juez de más personas relacionadas con las obras, incluso de los miembros del Consejo de Administración de El Musel en aquel momento, entre los que se encuentra el actual portavoz municipal socialista, José María Pérez, y cuya posible implicación en el caso fue la excusa puesta por Xixón Sí Puede para no pactar con el PSOE e IU el asalto a la alcaldía de Gijón que hubiera evitado el mandato municipal de Foro.
