La defensa del exalcalde de Carreño, Ángel Riego, ha presentado al juzgado de Instrucción Central Nº 3 de la Audiencia Nacional la solicitud de archivo de la causa abierta contra él por el sobrecoste y las actuaciones irregulares que se investigan en torno a la obra de El Musel. Una imputación que precisamente llevó a Riego ante el juez el viernes. El letrado Luis Tuero Fernández rechaza que Riego haya cometido "delito alguno y mucho menos dictado resolución injusta, ni siquiera ilegal, ni consentido que se tomara", y "nada tiene que ver con el sobrecoste de la obra de ampliación del puerto de Gijón".

Entiende el letrado del exalcalde socialista, que también fue vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón durante quince años (2000-2015), que es "disparatado pensar siquiera que con su actuación propició de propósito la inutilización de canteras cercanas a la obra, de las que la empresa contratista tenía previsto extraer materiales necesarios para la ejecución de la obra". Una circunstancia que habría tenido como consecuencia el que esa piedra debiera salir de canteras más lejanas con el aumento de coste. "Nada más lejos de la realidad" que Ángel Riego participara o dictara decisiones con tanta trascendencia, sostiene el abogado en su escrito al juez, que insiste en que siempre participó de decisiones colegiadas y ajustadas a la legalidad administrativa.

La imputación de Riego se produjo a petición de la fiscalía que apreció una "conducta contradictoria" del implicado en su doble condición de vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria y de Alcalde de Carreño. Así, para la fiscalía tendría relevancia jurídico penal la arbitrariedad de algunas decisiones tomadas en el seno del consejo de administración sobre la adjudicación del contrato de la gran ampliación de El Musel y el visto bueno al modificado de obra posterior, así como la resolución de suspensión de licencias para usos de canteras en el municipio de Carreño -decisión adoptada por el pleno- que acabaron condicionando el sobrecoste.

En referencia a los actos del Ayuntamiento de Carreño y la suspensión de licencias para los usos de industrias, canteras, actividades mineras y asimilables el letrado explica al juez que la intervención municipal se puso en marcha por los sondeos, sin licencia, que se estaban llevando a cabo en el municipio por encargo de la UTE Dique Torres. Un hecho que generó un expediente sancionador, una protesta vecinal y la decisión final, avalada por el Pleno, de que se supendieran las licencias para canteras de nueva creación en el municipio. Lo que no afectaría a la continuidad de la explotación de Perecil -a la que incluso se protegió con una cláusula expresa- al ser, precisamente, "la que la UTE Dique Torres tenía previsto utilizar como fuente de suministro de material para la realización de las obras de ampliación del puerto". El letrado corrige a la fiscalía, que aseguró que la cantera de Perecil no pudo ser utilizada como fuente de suministro de material y aporta la memoria de liquidación del modificado de ampliación del puerto donde se recoge que de dicha cantera se extrajeron 3.620.000 metros cúbicos de "todo uno" y 240.000 más de escollera.

Por lo que respecta a la impugnación que hizo el Ayuntamiento de Carreño, y que también pudo perjudicar al Puerto, de la orden ministerial que permitía incorporar los terrenos del Alto Aboño al Puerto, la defensa de Riego asegura que la actuación de éste fue "impecable" al salir en defensa de los intereses del concejo y sus vecinos, y fue leal en su proceder pues habría dejado constancia de sus discrepancias en esa cuestión en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.