La admisión de las fotocopias de las supuestas actas de Dique Torres fue acordada por el magistrado Juan Pablo González, antes de su relevo al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 3. En la misma resolución, el juez rechaza la petición de la Fiscalía de citar a declarar como imputados a 16 miembros del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, al no apreciar, al momento actual de la instrucción, que haya indicios suficientes como para citarlos como imputados. El magistrado deja la puerta abierta a que Anticorrupción pueda solicitar que sean citados en calidad de testigos.

El propio fiscal había planteado la posibilidad de solicitar que los miembros del comité de gerencia que ya habían pasado por el juzgado declararan sobre si reconocen o no la autenticidad de las actas fotocopiadas.