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La Asociación de Padres deja el consejo de administración de Apta

El órgano queda integrado únicamente por los tres representantes de Ilunión, sociedad del Grupo ONCE

Protesta de familiares y trabajadores de Apta frente a la sede de la ONCE en Gijón el pasado noviembre. JUAN PLAZA

El consejo de administración del centro especial de empleo Apta ha quedado en manos exclusivamente de Ilunión (Grupo ONCE), tras cesar como consejeros del mismo los cuatro representantes de la Asociación de Padres y Tutores de Alumnos del Sanatorio Marítimo, incluyendo su presidente.

Los cambios en la composición del consejo de administración se efectuaron el pasado 16 de diciembre, según datos obrantes en el Registro Mercantil de Asturias. En esa fecha cesaron como consejeros el hasta entonces presidente de Apta, Joaquín Fernández Bárcena, y los también representantes de los padres en el consejo, Jesusa Nuño López, Delia Álvarez Álvarez y Francisco Prendes Camblor.

En la misma fecha también cesaron como consejeros las tres personas que habían sido designadas por Ilunión; Mercedes Ramos Soria, Matilde Gómez Casas y David Sanz Campos. En este caso se trata de un mero formalismo, dado que en su lugar se designaron consejeros a tres empresas de Ilunión, las que a su vez delegarán en personas físicas para su representación en el consejo. Las tres empresas que ahora figuran como consejeros son Ilunión Servicios Industriales Levante S. L., Grupo Ilunión S. L. e Ilunión Servicios Industriales Zona Centro S. L.

La toma de pleno control de Apta por el Grupo ONCE también incluyó el nombramiento como vicesecretario del consejo de Apta (aunque no es consejero) del jefe del departamento jurídico del Grupo ONCE, Juan Carlos Basildo Álvarez, el pasado 14 de octubre.

Ilunión (antigua Fundosa) ya tenía en la práctica el control de Apta, dado que en los últimos años ha sido la aportación económica de la fundación del Grupo ONCE la que ha permitido mantener el centro especial de empleo gijonés, desembolsando unos 13 millones de euros. Ilunión prevé salirse de Apta, para lo que ha comprometido una inyección de tesorería de 2,3 millones de euros y condonar otros 700.000. El centro ocupa a 182 personas, la mayoría discapacidatos psíquicos.

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