La Consejería de Medio Ambiente del Principado licitó ayer en 66.550 euros, IVA incluido, la revisión de los planes de calidad del aire de Gijón y de Asturias central, revisión que ya estaba prevista cuando se aprobaron ambos planes a mediados de 2014.
El plazo para realizar el trabajo, una vez adjudicado, será de cuatro meses, si bien con entregas parciales. En el primer mes los adjudicatarios tendrán que entregar al Principado una evaluación de ambos planes, con su grado de ejecución y las actuaciones desarrolladas por administraciones y empresas. El pliego contempla que "se evaluarán en particular los planes de movilidad existentes, respecto a su adecuación para reducir los niveles de partículas en suspensión en las zonas con mayores valores registrados", plan que en Gijón es competencia del Ayuntamiento.
La evaluación también incluye el "estudio de las causas de contaminación en las zonas pobladas colindantes con las instalaciones de Arcelor-Mittal y medidas necesarias para su reducción", así como un estudio "sobre la viabilidad y utilidad" de instalar sistemas de apantallamiento en El Musel.
Compromiso cívico
Una vez elaborado ese diagnóstico, los adjudicatarios tendrán otros dos meses para elaborar revisión del plan de calidad del aire y con propuestas de líneas de actuación y la elaboración de protocolos de actuación en situaciones meteorológicas que dificulten la dispersión de las partículas contaminantes, en especial en las zonas de Gijón, Avilés y Oviedo.
Esta revisión de los planes de calidad del aire de Gijón y del centro de Asturias también incluirá una propuesta de medidas para implantar en focos contaminantes, "mediante la modificación de las autorizaciones ambientales existentes o la adopción de instrumentos normativos que permitan su ejecución".
La última parte de los trabajos contratados, que ocuparán el último mes del plazo de entrega, es lo que se denomina "compromiso cívico por el aire limpio en el área central de Asturias", que consistirá en la definición de medidas que voluntariamente pudieran adoptar los distintos agentes económicos, ciudadanos y sociales para propiciar la convergencia de los niveles contaminantes con los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son sensiblemente inferiores a los máximos legales en España.
