Gijón ya tiene documento de aprobación inicial de su revisado Plan General de Ordenación (PGO). El proyecto salió adelante ayer con los votos favorables de Foro, Xixón Sí Puede, PP, Izquierda Unida y Ciudadanos -los ediles del PSOE votaron en contra- pero entre serias dudas sobre la legalidad seguida por el Pleno en un procedimiento que incluyó cambiar sobre la marcha las fichas urbanísticas referidas al Tallerón y Juliana-Armón, por un lado, y la finca Bauer y el urbanizable del Infanzón, por otro. En el pensamiento de muchos está la posibilidad de que este documento esté abocado desde ayer a acabar tumbado en los tribunales como ocurrió con los anteriores planeamientos de 2005 y 2011.

El galimatias en que se convirtió el final de la sesión plenaria al intentar concretar el secretario general, Miguel Ángel de Diego, qué fichas había que cambiar, qué normativa amparaba ese cambio y qué votaciones eran necesarias para oficializar esos ajustes puntuales se decidió con un "pues lo que sea, como si hay que cambiar 200 fichas. Y votamos cada ficha por separado para que no queden dudas" de la alcaldesa Carmen Moriyón. Así garantizó el gobierno de Foro la mayoría absoluta de 14 votos que necesitaba para sacar adelante un documento, que ahora se abrirá a información pública durante dos meses para que los ciudadanos puedan presentar sus alegaciones. El PSOE se negó a participar en las votaciones puntuales de esos cambios alegando sus dudas sobre la legalidad "de un procedimiento que no entendemos", concretó el portavoz José María Pérez, y el líder del PP, el abogado Mariano Marín, también dejó constancia de que "este procedimiento jurídico no lo vemos claro".

El protagonismo de la finca Bauer en este último tramo del Plan partió de la denuncia pública del PSOE sobre el crecimiento en la documentación, entre mayo del año pasado y este mes, del urbanizable del Infanzón pasando de 376 a 414 viviendas. Ese incremento tiene su origen en la incorporación de parte del suelo de la finca Bauer de la familia Figaredo, facilitando la construcción de 28 viviendas unifamiliares por un valor de unos 11 millones de euros. El portavoz socialista José María Pérez antes del Pleno, y su compañera Begoña Fernández, en el Pleno, recordaron que entre los miembros de la sociedad mercantil propietaria de la finca están el exministro del PP, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y expresidente de Bankia, Rodrígo Rato Figaredo y Carmen Sela Fernández de Córdoba, que fuera diputada autonómica en las filas de Foro Asturias.

Tanto Aurelio Martín (IU) como David Alonso (XSP) condicionaron el voto favorable de su grupo a que esta situación se retrotrayese a mayo de 2015. "En política es importante ser honesto y parecerlo, no se puede permitir la sospecha de que este Plan favorece a una determinada familia", sentenció Martín. Minutos después era el edil de Xixón Sí Puede quien pedía dar marcha atrás en este asunto.

El responsable del urbanismo en el gobierno local, Fernando Couto, asumió ese cambio en su siguiente intervención plenaria aunque asegurando que "se había magnificado una cuestión que era meramente técnica" y que achacó al responsable municipal que estaba coordinando el Plan y que se encuentra de baja desde enero por un problema cardíaco. "Esta muy bien rectificar pero tenemos dudas de que se hubiera hecho si no llegamos a denunciar esto. Y echar la culpa a un funcionario de baja es el colmo", criticó el socialista José María Pérez.

Los cambios de las fichas de Juliana-Armón y el Tallerón buscaban, por su parte, garantizar la voluntad política mayoritaria de que ambos espacios mantengan su condición de industriales al tener empresas en activo. Para evitar confusiones, se dijo, se optó por eliminar el punto 1 de las fichas que hablan de "transformar el espacio industrial a otros usos y, ante todo a otra imagen". Días antes también se habían eliminado las referencias al uso residencial. Para el PSOE nada de esto es suficiente. "Les estamos reconociendo a los propietarios el derecho a recalificar ese suelo", matizó Pérez. El PSOE entiende que sólo la calificación de industrial de esa zona garantiza que Armón y Duro Felguera sigan trabajando con normalidad y ningún propietario piense en especular con un suelo que se incorpora al gran proyecto de regeneración de la costa en El Natahoyo.

Aunque no hubo cambio de fichas, Cabueñes también tuvo su presencia en el debate. Aunque reformulado, es el único de los polémicos urbanizables del 2011 que se mantiene pese a la oposición vecinal. Cayeron Castiello, Granda y Porceyo pero se mantuvo Cabueñes cambiando las viviendas en bloques por viviendas unifamiliares y rebajando, en principio, de cuatro a dos los carriles del vial. La Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes ya adelantó que la opción no les gusta y que lucharán en los tribunales contra el Plan que la ampara, entendiendo que hay vicios de tramitación que anulan de partida del documento de aprobación inicial. "Este Plan pone punto y final al Muro de Cabueñes y estamos orgullosos de ello", sentenció Fernando Couto. Justo al otro lado se situó David Alonso, para quien no haber conseguido eliminar el urbanizable de Cabueñes "no es un orgullo ni para mí ni para mi grupo".

Entre quienes le dieron el sí final al documento de aprobación inicial del PGO hubo más críticas que alabanzas al fondo y la forma del planeamiento urbanístico. Eso sí, con dos argumentos coincidentes para justificaron el voto favorable. Por un lado, la responsabilidad de activar una tramitación que pueda acabar con la inseguridad jurídica del urbanismo local tras dos anulaciones en los tribunales. Y por otro, la posibilidad de mejorar el documento en el proceso de alegaciones. Hay que tener en cuenta que aún queda mucho tiempo, más de un año, hasta llegar a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación.