El juzgado de lo penal número 2 de Gijón ha condenado al secretario de organización de la Corriente Sindical de Izquierda y a un militante de la misma organización a una condena de un año y tres meses de prisión como presuntos responsables de un delito de atentado contra agente de la autoridad. El magistrado considera probado que los dos procesados -acompañados por otros tres sindicalistas que aceptaron durante el juicio una condena de seis meses de prisión-, golpearon a varios policías durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Los sindicalistas deberán indemnizar además con casi 2.000 euros a los funcionarios policiales heridos.

El magistrado asegura en su sentencia que los agentes habían establecido horas antes del enfrentamiento un dispositivo especial de seguridad encaminado a "garantizar el libre ejercicio del derecho a la huelga". La trifulca comenzó a eso de las diez y veinte de la mañana. El juez relata que uno de los procesados pasó entonces "al lado de un vehículo policial en cuyo interior estaban dos agentes de la Policía Local y les lanzó una papelera". Cuando los agentes intentaron detener al sindicalista éste les lanzó "patadas y puñetazos". Otros dos compañeros intentaron ayudar al acusado golpeando a los policías locales, según el tribunal. En la sentencia se señala como sólo unos minutos antes de esta agresión los otros dos procesados habían agredido "intencionadamente" a agentes del Cuerpo Nacional de Policía con los que se encontraron en calles del centro de la ciudad.

El juez mantiene que "la presencia policial en las calles estaba plenamente justificada como consecuencia de que los hechos tuvieron lugar en un día en el que estaba convocada una huelga general y en el que resulta necesario adoptar medidas de seguridad complementarias a las habituales".

A las penas de cárcel los ahora condenados deben sumar, además, la imposición de distintas multas que van desde los 160 hasta los 1.140 euros. "No pedimos perdón, sabemos todo lo que pasó ese día pero no nos quedaba otra", señaló tras firmar su acuerdo en el juicio uno de los sindicalistas -militante de FUSOA (Fondo Unitario de Solidaridad Obrera)- que aceptó la pena.