En el auto recurrido, la juez extractó los informes del Ministerio Fiscal del 13 de mayo de 2015 y del pasado 6 de abril, de los que dice que ponen de manifiesto "la existencia de irregularidades tanto en el proceso de adjudicación como en los sistemas de gestión y de control" de la obra por parte de la Autoridad Portuaria, "que a la postre pudieran haber dado lugar a la obtención de beneficios económicos para particulares en detrimento de los fondos públicos" tanto del Estado como de la UE, con los que se financió la obra.
La juez sostiene que "por si mismos" los supuestos que narra el fiscal no son competencia de la Audiencia Nacional. Los informes de Anticorrupción se refieren a dos cuestiones. Una de ellas, que en los pliegos técnicos y administrativos de licitación se establecieron condiciones que podían vulnerar dos principios de la contratación pública: el de no discriminación de licitadores y de productos, y el de transparencia.
La segunda cuestión que plantea el fiscal es que "los precios de material necesarios para la ejecución de la obra aparecían notablemente infradimensionados en el pliego de prescripciones técnicas" y que la justificación en la modificación del proyecto de aumento de costes de los materiales de cantera "no se compadece con las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF ni con los datos que se derivan del análisis de los documentos obrantes en el procedimiento, que podrían revelar la puesta en marcha de un concierto para elevar artificialmente estas partidas" dando lugar a la desviación de fondos públicos en beneficios de Dique Torres, cuando la UTE tenía acuerdos para extraer materiales sin el pago de contraprestaciones.
