Los tres acusados de protagonizar un ciberataque en la víspera de las elecciones autonómicas y municipales de 2011 negaron ayer, en su juicio en Gijón, haber participado en el mismo así como formar parte del conocido colectivo "Anonymous". Entre ellos, el gijonés Rodrigo T. S., presunto líder según la investigación policial, que contaba con una red de servidores caseros habilitada en su domicilio gijonés, vinculada por la Policía Nacional con la coordinación del ciberataque para colapsar las páginas web de la Junta Electoral Central, el Congreso de los Diputados y UGT.
Sin embargo, Rodrigo T. S., marino de profesión, negó toda acusación. "Que me conste nunca jamás se alojó ninguna clase de software ilegal o red de ordenadores fantasma dentro de mi servidor", afirmó tajante ante la magistrada del juzgado de Lo Penal número 3. Aclaró que "manejaba un servidor por hobby, para dar soporte a empresas de amigos o asociaciones de astronomía, pero nada delictivo". De hecho, su defensa recordó que en el mismo se aportaba "un aviso" con todos sus datos como administrador del servidor, para ser avisado en caso de actividad irregular.
Asimismo, Rodrigo T. S. aseguró que "nunca formé parte de 'Anonymous'", así como que "nunca había coincidido ni personal ni virtualmente con los otros dos encausados, no los conozco de absolutamente nada". La Fiscalía les acusa, además de un delito de daños informáticos continuado, de pertenencia a grupo criminal. Tanto para Rodrigo T. S. como para Yuri David L. I., pide cinco años y cuatro meses de prisión, y para el tercer acusado, José Manuel Z. F., cinco años.
Rodrigo T. S. fue detenido en Almería, donde se encontraba destinado en el momento de los hechos, en 2011. Allí trabajaba en un buque de Salvamento Marítimo, donde el acceso a internet estaba restringido y carecía de posibilidad de manejar su servidor casero de forma remota, según relató. La Fiscalía trató de desmontar el argumento asegurando que a veces sustituía al capitán y podría habérselas ingeniado para acceder a un ordenador con conexión.
Los otros dos acusados también negaron ser de "Anonymous". Asimismo, las defensas de los tres exigen el archivo inmediato de la causa por daños continuados, dado que el presunto ataque para saturar el servidor de la Junta Electoral Central sólo produjo "cortes de madrugada, intermitentes y siempre de menos de una hora". Además, el problema se arregló con personal propio del Congreso de los Diputados, sin suponer coste añadido.
Así lo reconoció en el juicio el propio responsable informático del Congreso. Los letrados alegan así que el daño económico reclamado -estimado en 700 euros por la Fiscalía- no se produjo, lo que invalida a su juicio las acusaciones.
