Si bien José Manuel Z. F., que fue detenido en Barcelona tras quedar con un policía que logró su confianza a través de un chat, se mostró más afectado ante la juez, el vecino de Gijón encausado, Rodrigo T. S., contestó a las preguntas del Fiscal con tranquilidad. Los otros dos acusados, sin embargo, se negaron a responder al representante de la acusación pública.

Rodrigo T. S. incluso mantuvo una actitud entre jocosa y altiva ante los medios asistentes. Mostró unos "cuernos" con su mano derecha cuando fue fotografiado por los reporteros gráficos dentro de la sala de vistas. Y a la salida, trajeado y con gafas de sol, se limitó a afirmar en tono de broma: "Lo que sea que haya hecho, ha sido 'por los loles'". Utilizó así el argot propio de los chats de internet. "Por los loles" significa "por diversión" o "por las risas" y hace mención al acrónimo inglés "LOL", forma de manifestar en los chats la carcajada. Ciertamente, su declaración provocó las risas y aplausos de quienes acudieron a los juzgados para apoyarle contra lo que entienden que es "uno de los peores y más patéticos montajes policiales llevados contra presuntos 'hackers' y contra movimientos sociales".

Apoyando al gijonés, además de allegados, estuvieron presentes integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) así como representantes de Podemos, como Orlando Fernández, concejal de Xixón Sí Puede, o Sofía Castañón, diputada nacional de Podemos hasta la reciente disolución de las Cortes.

Vicios en el proceso

Desde las defensas de los tres procesados se expusieron en el juicio lo que ellos consideran vicios en el proceso así como vulneración de derechos de sus defendidos. "No hay una sola prueba que no esté afectada por un hecho que la invalide", llegó a asegurar David Maeztu, abogado del vecino de Gijón. Las defensas recordaron que tras la denuncia de la Junta Electoral Central por el presunto ciberataque, un juzgado de Madrid acordó su sobreseimiento. Según Maeztu, la Policía llevó entonces el caso a Gijón, "para buscar el juzgado de instrucción que más le convenía". Otro de los letrados acusó de parcialidad a la juez de instrucción de Gijón que llevó el caso por "no entregar toda la documentación" del sumario a las partes.

Asimismo advierten de la ruptura de la cadena de custodia de las pruebas con los ordenadores incautados. Según ellos, no fueron precintados correctamente y su volcado no se realizó con las pertinentes garantías. "Todas las conexiones de los ordenadores estaban accesibles", señalaron los abogados, refiriéndose a la posibilidad de que su contenido fuese modificado.

Alias e identificación

Una de las pruebas principales aportadas por la investigación policial consiste en la monitorización de conversaciones en chats de servidores como "Anonnet". Los agentes identifican a los tres acusados con varios alias: Tuerinator y Devnuller, en el caso del gijonés; Mugen, Seraf y Sipias, en el de José Manuel Z. F.; y Wicker, Némesis e Irae, en el de Yuri David L. I. Todos ellos, implicados supuestamente en conversaciones donde se preparan ciberataques, como el presuntamente sufrido por la Junta Electoral Central. La Policía asegura haber abortado otro contra las páginas de PP, PSOE y CIU.

Sin embargo, sus abogados, apoyados en dos informes periciales de expertos informáticos, alegan que esos nicks, aunque usados por sus clientes, son frecuentes y no se demuestra que los participantes en todas esas conversaciones monitorizadas por la Policía sean los acusados. A ello agregan que la investigación no aporta las direcciones IP vinculadas a esos alias ni tampoco desde las que se realizaron las peticiones masivas que colapsaron la página de la Junta Electoral Central.

Respecto a este último hecho, uno de los abogados, Carlos Sánchez Almeida, recalcó que "no queda claro que el origen de la caída del servidor sea un ataque orquestado; al contrario, lo que parece es que el origen de la caída fueron las innumerables cartas de protesta que enviaron los indignados desde todas las plazas de España solicitando que la Junta Electoral que permitiese las acampadas". ¿Montaje, error policial o ciberataque orquestado? La juez decidirá.