Un auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, del viernes pasado, ha ordenado incluir en el caso del supuesto fraude en la ampliación de El Musel la investigación de un supuesto delito fiscal en los años 2009 y 2010 por los presuntos pagos en especie de la UTE Dique Torres a Tudela Veguín.
El auto da la razón a la Abogacía del Estado y a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño que habían recurrido, con el apoyo del fiscal, el rechazo inicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 a unir ambas investigaciones.
La investigación judicial se puso en marcha en enero de 2015 por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de seis delitos, denuncia basada en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) que entre otras cosas decía que a la par que se autorizaban sobrecostes para la obra, Dique Torres había obtenido la mayor parte del material necesario de las canteras de Tudela Veguín en La Hoya y en Peña María "sin contraprestación económica directa" a cambio, salvo el pago de algo más 7,7 millones de euros por los gastos de explotación.
El exgerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez, negó esa acusación durante su declaración judicial, señalando que a esos 7,7 millones había que añadir otros 150 millones; 70 por la compra de todo el cemento usado para la obra y 80 millones con la ejecución de diversas obras en beneficio de Tudela Veguín, a las cuales se hace referencia "de una forma muy genérica" en un contrato suscrito entre la UTE y la cementera en enero de 2006, que imponía a la UTE la ejecución de una serie de labores. "De todo ello resultan nuevos indicios delictivos, de que no se habría facturado por la UTE esta ejecución de obras a favor de Tudela Veguín", señala el auto.
Por ello, ordenan "ampliar la investigación y el objeto del procedimiento a un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, considerando que podrían resultar responsables del delito bien prestándose a ejecutar obras que no facturan, bien percibiendo las mismas, en los años 2009 y 2010: José Antonio Muñiz Muñiz, como apoderado que firma los contratos en representación de Tudela Veguín S.A.; Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente que actuó en representación de la UTE Dique Torres; Isidro Alonso Sierra, posterior gerente de la UTE (...); así como otras personas que hayan ejercido como consejero delegado o apoderados de la entidad Tudela Veguín S.A., luego Corporación Masaveu S.A. entre los años 2005 a 2010 ya sea directamente o designados por alguna persona jurídica que ejerciera tal función".
El Juzgado Central número 3 no había negado que hubiera indicios de delito fiscal, sino que sostenía que no debía acumularse esa investigación al caso de El Musel. La sala considera en cambio que "no parece lógico que se lleven procedimientos diferentes en relación con el mismo hecho, aunque partan de hipótesis diferentes y aparentemente antagónicas, pero en cualquier caso mutuamente condicionadas".
Los magistrados van más allá y señalan como argumento determinante de su decisión que en este momento no puede descartarse que, de confirmarse los pagos en especie a Tudela Veguín por Dique Torres, esto constituya en realidad una nueva hipótesis de hechos "que englobara a la primera, sólo que fácticamente modificada en algunos aspectos, pero que permitiera efectuar la imputación por la totalidad de los delitos investigados, incluido el fiscal, a los investigados". Esos delitos, investigados desde el inicio de la causa, son el de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.
Este planteamiento de la Audiencia va en la misma linea que ha argumentado la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus últimos informes, en el que solicitó la imputación de exdirectivos de Tudela Veguín y de HC por supuesto fraude, al plantear como hipótesis que la cementera y la eléctrica podrían haber obtenido "un lucro económico en perjuicio de fondos públicos". Debido a ese informe de la fiscalía, la jueza ha citado a declarar como investigados al exdirector general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz y al exconsejero delegado de Hidrocantábrico, Joaquín Coronado Galdós para el próximo 23 de junio.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional aún tiene que pronunciarse sobre los recursos presentados por las acusaciones contra la decisión de la magistrada del juzgado central de inhibirse a favor de los juzgados de Gijón.
