El alcalde de Vigo, Abel Caballero -en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - se ha puesto al frente de la lucha del municipalismo español contra la amenaza del ministerio de Hacienda de disolver las empresas municipales que estén en desequilibrio financiero. Una amenaza que a Gijón llegó hace unas semanas vía carta firmada por el ministro en funciones Cristóbal Montoro con la vista puesta en las empresas de transporte urbano (Emtusa), vivienda (Emvisa) y festejos (Divertia); además de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y el fondo de capital riesgo "Gijón Invierte".
Caballero ha pedido explicaciones por escrito a Montoro de su plan para las empresas municipales y para los servicios que prestan a la ciudadanía. "Si va a cerrar un servicio municipal de transporte urbano, que nos diga quien lo va a prestar", puso Caballero como ejemplo. La pregunta vale para Gijón pero también para las decenas de municipios que han ido recibiendo cartas similares. Algunos tan importantes como Valencia o Sevilla que se juegan, respectivamente, sus empresas de transporte y limpiezas. "Esto no es un tema menor. Hay muchos alcaldes y alcaldesas preocupados", indicó Caballero. La alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, es miembro del consejo territorial de esta Federación.
El presidente de la FEMP utilizó los términos "temerarias" e "imprudentes" para definir las cartas enviadas desde Hacienda a los ayuntamientos. En su respuesta a Montoro, el regidor gallego exige que el gobierno de España asuma ya una moratoria de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de la que dependen este tipo de decisiones. De hecho, la normativa está recurrida en el Tribunal Constitucional por gran parte de los ayuntamientos.
Los sindicatos también se han movilizado a nivel nacional. Los responsables del Ministerio de Hacienda, en este caso la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, ha recibido una misiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. El sindicato denuncia "una exigencia que llega por la puerta de atrás, de forma sigilosa durante la temporadas estival" y que, opinan, "carece de autoridad política y apoyo parlamentario" al estar la ley pendiente del Constitucional.
Comisiones Obreras, cuyos responsables asturianos tienen hoy un encuentro para analizar la situación, le deja clara en su misiva a Montoro que la aspiración de una administración pública no debe ser conseguir beneficios económicos.
El problema también tendrá en el parlamento asturiano otro foro para el debate, una vez que Izquierda Unida registró una proposición no de ley que insta al Consejo de Gobierno a exigir del ejecutivo central que de marcha atrás en el anuncio de disolución de la empresa de transporte de Mieres. Tras conocerse el caso mierense trascendió el problema de Gijón, con cinco entidades afectadas. El Ayuntamiento gijonés ya elevó esta semana su escrito de alegaciones a la petición del Ministerio de Hacienda con el objetivo de justificar que " nuestras empresas municipales no están en causa de disolución financiera y cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria" y dar por terminado "este mal sueño". Foro ha reivindicado su compromiso político con las empresas públicas y pedido tranquilidad a los trabajadores de estas sociedades del Ayuntamiento.
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