No se podrán recibir regalos de más de 50 euros, los vuelos se harán en líneas regulares y clase turista, el uso de recursos públicos como los teléfonos móviles o los coches oficiales estará limitado, no habrá inauguraciones de equipamientos o infraestructuras hasta que no estén en condiciones de entrar en servicio y desaparecerán las referencias personales a cargos públicos en las placas conmemorativas. Estas son algunas de las medidas que la nueva ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno impone en Gijón a Alcaldía, titulares de las concejalías, altos cargos, personal directivo municipal y empleados públicos del Ayuntamiento, sus empresas y sus organismos autónomos. La ordenanza, que tiene su origen en una iniciativa presentada por Ciudadanos en el Pleno de septiembre del año pasado, está a punto de salir a información pública durante un mes para que los ciudadanos puedan hacer sus alegaciones. El documento recibió su aprobación inicial en el último Pleno por unanimidad de los seis grupos políticos. Una unanimidad de mínimos.

El capítulo dedicado al buen gobierno -incorporado también a partir de una enmienda de Ciudadanos- es el más novedoso respecto a ordenanzas de otras ciudades y el más llamativo en la regulación de parte de la actividad de los políticos locales. A concejales, cargos directivos y empleados públicos esta ordenanza les impone en su artículo 47 los principios de responsabilidad, buena fe y diligencia, igualdad, imparcialidad, austeridad, transparencia en la gestión de los asuntos públicos, ejemplaridad, lealtad institucional e independencia.

Al tiempo se establece una regulación de los regalos donde sólo tienen cabida "las muestras de cortesía habitual o atención protocolaria, con regalos comprendidos dentro de los usos y costumbres sociales". Eso supone que los regalos aceptables no pueden sobrepasar los 50 euros y que no se podrán acumular regalos de la misma persona física o jurídica cuando la suma en el periodo de un año supere los 150 euros. Se dan de paso los obsequios protocolarios que se reciban en un intercambio institucional, los gastos de manutención u hospedaje vinculado a la participación en un acto público o una visita oficial y artículos de propaganda o publicidad también por debajo de los 50 euros, "así como invitaciones a actos de contenido cultural o a espectáculos públicos por razón del cargo o función que se ostente".

¿Qué hay que hacer con el resto de los regalos? La ordenanza lo deja claro: devolverlos a quien los haya enviado. Y si no se puede hacer pasarán a formar parte del patrimonio municipal o se entregarán a una entidad sin ánimo de lucro en el caso de que sean bienes perecederos. En este caso, se sugiere que el material se remita a la Fundación Municipal de Servicios Sociales para que gestione la entrega a quien considere más oportuno.

De regalos también se habla en el apartado de información pública de la ordenanza ya que se establece un registro de regalos recibidos por los cargos electos, el personal de confianza, eventual, directivos, altos cargos y personal con contratos de alta dirección como consecuencia de su actividad pública.

La ordenanza también impone el "uso responsable de los recursos públicos" -en referencia a la utilización de vehículos oficiales, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos o de comunicación- y fija las condiciones de los viajes oficiales. En los que impone que se atienda el principio de proporcionalidad en lo que respecta a costes de desplazamiento y de estancia. Una orden clara: "Los vuelos que se efectúen se realizarán, salvo causa debidamente justificada, en lineas regulares y en clase turista". Además, se limitan las inauguraciones de carácter político y se impone que las placas conmemorativas o de identificación que se colocan en esos actos no incluyan nombres o referencias personales a ningún cargo público.