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El recurso de una empresa deja Gijón sin conservación viaria y a 34 obreros en paro

Moriyón pide al tribunal que levante la suspensión y permita contratar a la nueva adjudicataria por "la necesidad inaplazable e interés público"

Trabajadores afectados por la situación, ayer, en la nave de Roces. JUAN PLAZA

Todo lo que va mal puede ir peor. El equipo de gobierno forista del Ayuntamiento sintió ayer en sus carnes la veracidad de este dicho popular. Ahora mismo Gijón no tiene empresa que se encargue de las labores de conservación viaria y hay 34 nuevos parados en la ciudad. Un recurso especial de última hora de la firma Ferroser Infraestructuras (del grupo Ferrovial) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales impide al Ayuntamiento formalizar el nuevo contrato que se le había adjudicado en la Junta de Gobierno del día 26 de julio a la UTE integrada por Dragados y Api Movilidad. Hoy ya no está vigente el contrato con la unión temporal de empresas entre Vías y Construcciones y Contratas Iglesias, que rechazó la oferta del Ayuntamiento de continuar más tiempo por el mismo precio. Así las cosas, los trabajadores que iban a ser subrogados recibieron la carta de despido y el Ayuntamiento aspira a que salgan adelante algunos de sus últimos movimientos para que el conflicto no se prolongue más allá de unos días.

"Esperamos que no sea mucho tiempo pero lo importante es que los trabajadores tienen cobertura y su subrogación, con la empresa que sea, está garantizada con nombres y apellidos", explicaba ayer la edil de Hacienda y Organización Municipal, Ana Braña, que se ha encargado de buscar soluciones junto a su compañero de Mantenimiento y Obras, Manuel Ángel Arrieta. El Ayuntamiento iniciaba la tramitación ayer mismo de un contrato especial por una cuantía menor de 50.000 euros para seleccionar una firma que se pueda encargar de "los servicios mínimos" de la conservación viaria mientras dure el problema.

Además, Carmen Moriyón ha remitido una carta al Tribunal de recursos contractuales pidiendo que acuerde "levantar" la suspensión de la tramitación de este expediente de contratación. La Alcaldesa hace referencia a la "imperiosa necesidad de continuar con el correcto mantenimiento de los viales y espacios públicos en las adecuadas condiciones de seguridad y de ausencia de riesgos para los usuarios, siendo las obras objeto del contrato de una necesidad inaplazable y de interés público". Este escrito se realiza sin perjuicio de que el Ayuntamiento presente sus alegaciones al recurso de la empresa.

La situación y los pasos que se habían ido dando en las últimas horas fueron comunicadas ayer por el equipo de Foro a los representantes de todos los grupos de la oposición y a los trabajadores. Al gobierno no sólo le falló la alternativa de que la actual concesionaria siguiera con su labor. También se llegó a vía muerta en el intento de que Ferroser retirase su recurso. De hecho, la última esperanza era una contestación desde Tailandia de un alto cargo de Ferrovial al que se había recurrido tras un periplo por parte de la dirección del grupo empresarial. El Ayuntamiento ve "mala fe" en un recurso presentado en el último día de plazo -se formalizó el día 16 - por una empresa que quedó la tercera en puntuación -fueron 76,92 puntos frente a los 81 de la ganadora Dragados y Api Movilidad y los 80,36 puntos de Alvargonzález Contratas que quedó segunda- y que exige una revisión de la valoración de los criterios subjetivos que supone tanto ampliar sus puntos como menguar los de la firma ganadora.

La paralización de la adjudicación por este recurso viene impuesta por el hecho de ser un contrato sujeto a regularización armonizada, ya que el valor estimado alcanzaba los 12,9 millones con los dos años de duración y otros dos de prórroga. Los técnicos municipales entienden que el recurso tiene escasas posibilidades de prosperar pero también reconocen que el asunto puede tardar semanas en solventarse.

En el caso del contrato de conservación viaria, llueve sobre mojado. Los problemas con la empresa que se ocupó del servicio durante los últimos años generaron denuncias de los trabajadores, malestar vecinal por incumplimiento de obras y tiras y aflojas con el gobierno por los pagos.

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