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La Plataforma Contra la Contaminación exige a Arcelor baterías de coque nuevas

El colectivo de vecinos, ecologistas, sindicatos y partidos alegará ante el Principado para que no se reabra la vieja instalación "con alguna mejora"

Humareda procedente de las baterías de coque de Veriña en 2010. MARCOS LEÓN

La Plataforma Contra la Contaminación en Gijón, que aglutina a colectivos vecinales, grupos ecologistas, sindicatos y partidos políticos, ultimó en el transcurso de una reunión mantenida en la tarde de ayer sus alegaciones contra el proyecto de reconstrucción de las viejas baterías de coque ArcelorMittal en Gijón. El Principado tiene abierto hasta fin de mes el plazo para presentar alegaciones, en la tramitación ambiental del proyecto. La plataforma no se opone a que la factoría de Arcelor en Veriña vuelva a contar con baterías de coque, claves en el proceso de la siderurgia integral. Lo que quieren es que la multinacional angloindia haga una instalación nueva, en vez de reparar las "obsoletas" baterías clausuradas en 2013 añadiéndoles mejoras.

La coquería de la factoría de Veriña entró en servicio en octubre de 1974. Su vida útil acabó en 2007, pero Arcelor logró estirar la actividad de la misma hasta el 30 de septiembre de 2013. Cuando la cerró, con muchos de sus hornos deteriorados, era uno de los principales focos contaminantes de la siderúrgica. Tras su cierre, la multinacional también logró alargar la actividad de las baterías de su factoría de Avilés, que son las que ahora surten de coque a los hornos altos de Gijón.

La diferencia entre hacer unas baterías nuevas y reconstruir las viejas es sustancial desde el punto de vista de la inversión. En 2010 Arcelor aparcó un proyecto para demoler las viejas instalaciones y levantar unas nuevas, con una inversión de unos 400 millones de euros. La alternativa de reconstruir las viejas baterías se cifró en aquel mismo año en 250 millones de euros, cantidad que finalmente se ha ajustado hasta los 134 millones de euros en el proyecto aprobado finalmente por Mittal.

En la reunión mantenida ayer, la Plataforma decidió oponerse a la reapertura de las baterías en las condiciones que plantea la multinacional "ya que consideramos que las pequeñas mejoras anunciadas son totalmente insuficientes para solventar los graves problemas que generaron en su día" al ser una instalación "obsoleta".

La Plataforma recalca que una coquería es "altamente contaminante" tanto en emisiones a la atmósfera como en ruidos e instan a la Consejería de Medio Ambiente a que acuerde que "la única opción viable de unas baterías de coque en la factoría de Arcelor en Gijón sea la construcción de unas nuevas" que dispongan de las mejores tecnologías existentes, que minimizan las emisiones por chimenea y evitan la contaminación difusa durante el proceso de deshornado o el enfriamiento del coque y de los gases que se generan.

Además de que sean totalmente nuevas, la Plataforma también exige que las baterías tengan la dimensión estrictamente necesaria para garantizar el suministro a los hornos altos de Gijón y no se hagan mayores con la idea de exportar coque y los subproductos químicos que se originan durante la destilación de la hulla para convertirla en coque. En este sentido, la plataforma considera que la apertura de las baterías en Gijón debe llevar aparejado el cierre de las de Avilés.

La Plataforma también acordó hacer suyas las alegaciones que ya formularon Ecologistas en Acción y la Coordinadora Ecologista quienes, entre otras cosas, exigen que el proyecto se someta a un Estudio de Impacto Ambiental completo, en lugar de la evaluación ambiental simplificada que está tramitando Arcelor, la exigencia de mejoras en los procesos que no contempla el proyecto de la siderúrgica y el control de los vertidos al agua.

La Federación de Asociaciones de Vecinos también va a presentar alegaciones, en el mismo sentido. Los integrantes de la Plataforma no van a quedarse sólo en las alegaciones. En la reunión de ayer se decidió solicitar entrevistas tanto con los grupos políticos municipales como con los de la Junta General del Principado. La última palabra la tendrá la Consejería de Medio Ambiente.

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