La junta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV) decidió ayer presentar alegaciones al proyecto de ArcelorMittal para reabrir, una vez reformadas, las viejas baterías de coque de su factoría de Veriña, en el sentido de exigir que las mismas cumplan estrictamente con la normativa medioambiental. La ejecutiva vecinal se distancia de la postura de la Plataforma Contra la Contaminación en Gijón, de la que forma parte, al dar por buena la reconstrucción de las viejas baterías de coque, mientras que la plataforma exige que la instalación se haga completamente nueva. La diferencia económica entre ambos proyectos ha sido determinante para Mittal, dado que la reconstrucción con mejoras de las viejas baterías supondrán una inversión de 134 millones de euros frente a los alrededor de 400 millones que costaría hacerlas completamente nuevas.
La postura de la ejecutiva de la FAV va en el sentido que en el que ya se había pronunciado su presidente, Adrián Arias. No sólo se rechaza desde la federación vecinal urbana el exigir a Arcelor que haga una obra nueva, sino que tampoco se suscriben otras alegaciones presentadas por la plataforma: la alegación de la plataforma en la que reclama que las baterías se dimensionen para atender exclusivamente las necesidades de los hornos altos de Veriña y no se hagan más grandes de lo necesario para exportar coque, y la alegación de la plataforma en la que insta al cierre de las baterías de coque de Arcelor en Avilés una vez que estén operativas las de Gijón.
"Al nivel que se va a hacer esta inversión no importan que sean nuevas o viejas", señalaron ayer asistentes a la reunión, al considerar que una obra de esta magnitud sólo aprovechará la obra civil, renovando todo lo demás. No obstante, la ejecutiva de la federación vecinal urbana quiere que les explique con más detalle sus planes la propia Arcelor en una reunión junto a representantes sindicales en la empresa.
La exigencia de que se cumpla la normativa ambiental se plantea ante la obviedad de que "va a haber emisiones contaminantes, porque es una actividad contaminante en sí". Esa exigencia también la han planteado el Gobierno regional, así como los diversos grupos políticos municipales.
Más que reunirse con Arcelor y sus sindicatos, la Plataforma Contra la Contaminación había acordado solicitar reuniones con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón y de la Junta General del Principado para trasladarles su posición.
Una posición que está quedando debilitada por el desmarque de la misma de integrantes de la propia plataforma, en especial la ejecutiva de la FAV, así como Izquierda Unida, que ha indicado que la única alegación que suscribe de las cuatro presentadas por la plataforma es la exigencia de que se obligue a Arcelor a pasar por una Evaluación Ambiental reglada, que incluye la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y su exposición a información pública.
La multinacional, en cambio, ha optado por tramitar una Evaluación Ambiental simplificada, que no requiere ni un estudio ambiental en profundidad ni un procedimiento de información pública, sino un periodo de consultas a organizaciones, dentro del que se enmarcan las alegaciones presentadas ayer por la plataforma y las que hoy presentará la FAV.
"Les Caseríes"
La plataforma presentó las alegaciones en el registro municipal del Ateneo de La Calzada. Anteriormente ya habían formulado alegaciones las organizaciones ecologistas, en la misma linea que las planteadas por la Plataforma Contra la Contaminación.
La federación vecinal de la zona rural gijonesa, "Les Caseríes", no llegará a presentar alegaciones, al impedir el periodo vacacional que se reúnan sus representantes antes de que concluya el plazo para ello, lo que tendrá lugar hoy, último día. No obstante, desde "Les Caseríes" han defendido la postura de la Plataforma Contra la Contaminación.
El próximo 5 de septiembre se reunirá la Junta Directiva de la FAV, en la que están representantes de todas las asociaciones vecinales de la ciudad, para debatir la posición marcada por la mayoría de la junta ejecutiva. Al día siguiente tendrá lugar una reunión de la Plataforma Contra la Contaminación para decidir los próximos pasos que va a dar, con la propuesta de solicitar entrevistas con los responsables políticos.
