Han conseguido que juzgados de siete localidades de España anulen por vulnerar los derechos constitucionales, la declaración institucional que aprobaron sus respectivos plenos, para boicotear la contratación con empresas israelíes (al considerar que Israel está vulnerando el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos). Pero no lo han conseguido en Gijón, cuyo juzgado de lo contencioso-administrativo rechazó la demanda de la asociación Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio (Acom), al considerar que la declaración municipal es una mera declaración política, no un acto administrativo con efectos, que sí sería impugnable.

La misma declaración suscrita por el Ayuntamiento de Langreo, si ha sido anulada por inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Aún así, Acom no va a recurrir la sentencia de Gijón. La ciudad se ha convertido, al menos hasta el momento, en la excepción, frente a las 7 sentencias que dieron la razón a los proisraelíes contra municipios Madrid, Cataluña, Levante y Andalucía, a las que se añaden las medidas cautelares impuestas por los tribunales bloqueando la efectividad de esas resoluciones en otros 11 municipios, en tanto dictan sentencia.

La batalla judicial sigue en Gijón, donde han interpuesto otro pleito contencioso para anular la resolución municipal alegando entre otras cosas que un ayuntamiento carece de competencias para decisiones de calado internacional, que se vulneró la normativa del pleno al celebrarse el mismo en dos días distintos y que se trata de una resolución con un marcado sesgo partidista, señala el abogado de Acom, Ignacio Palacios.

El portavoz de Acom, Ángel Más, sostiene que no son vinculantes las declaraciones de Naciones Unidas que cuestionan actuaciones de Israel, declaraciones que atribuye a que "la asamblea de Naciones Unidas está dominada por países que no son democráticos", algo a lo que vincula con que el 85% de las declaraciones de ese órgano tengan que ver con Israel.

Añade el representante de esta asociación proisraelí que "un ente local es una autoridad que tiene que proteger a las personas y garantizar sus derechos y todos los juzgados están resolviendo que esos ayuntamientos están conculcando derechos constitucionales, como la sentencia de Langreo y eso es demoledor. En cualquier otro país esto sería un escándalo mayúsculo y las personas y grupos políticos asociados sufrirían el ostracismo de la sociedad, como cualquier extremista nazi o cualquier racista, pero aquí no pasa nada. Por eso me siento como un ciudadano de segunda en nuestro país". En Gijón, la resolución de boicot a Israel salió adelante con el apoyo de PSOE, Xixón sí Puede e IU.

Añade Más que "el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) al que se adhieren con esos manifiestos, no quiere la coexistencia de dos estados, sino que busca la destrucción de Israel. Es un movimiento racista que es ilegal en Francia y Canadá. No sólo plantean discriminar a las empresas israelíes, sino también a cualquier español que esté asociado a ellas o alineado con el estado de Israel".

Abundando en sus tesis, el presidente de Acom se pregunta si "¿un ayuntamiento está para dilucidar estos temas? Es como si Gijón se pone a declarar la guerra a Rusia. ¿Y por qué se pronuncian sobre Israel y no sobre los conflictos en Nagorno Karabaj, Osetia del Sur o la ocupación del norte de Chipre por Turquía. ¿Van a plantear un boicot a Turquía? Lo que parece es que tienen una obsesión enfermiza con el único estado judío, que está rodeado de satrapías, regímenes que son verdaderos carniceros. Israel es la única democracia garantista en la zona, donde la población árabe tiene los mismos derechos que la judía. Es un país donde un primer ministro fue mandado a prisión por corrupción de 7.000 euros y el juez que lo sentenció es árabe"

Las declaraciones de boicot como la aprobada por la izquierda gijonesa es calificada por Más de "coacción y disuasión" con un "tufo a antisemitismo y libelos históricos". Concede que hasta la fecha la misma no ha afectado a ninguna empresa israelí, pero eso es porque "se crea un efecto disuasorio, porque las empresas piensan que para qué se van a meter en un lío, como intentar otro tinglado como el del Teatro Jovellanos. Lo de Gijón ha tenido suficiente relevancia y visibilidad como para que ninguna empresa sea tan cabezona como para intentarlo", señala en referencia a la concentración frente al teatro municipal para boicotear la actuación de un grupo israelí, que terminó con una carga policial y nueve manifestantes sentados en el banquillo acusados de supuesta agresión a los policías.

Más recuerda que "el Ayuntamiento de Gijón ha informado a las empresas municipales de su resolución, por lo que sería medio suicida presentarse a cualquier concurso que abran".