La sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo que avala el uso de las fotografías que hacen los vigilantes para multar a los vehículos sin ticket para aparcar en zona azul o que han excedido del tiempo permitido es "una barbaridad y un abuso", según los abogados que últimamente han presentado recursos en este sentido. Sobre todo porque, coinciden en señalar, "se deja en una situación de indefensión al ciudadano".
Una indefensión, defienden los abogados, que se extiende a diversos campos. Porque, como señala el letrado gijonés Rafael Velasco, "probablemente no cabría recurso por la cuantía de la multa". O lo que es lo mismo, pocos particulares estarían dispuestos a reclamar la sanción emprendiendo un contencioso por una multa que asciende a 90 euros, 45 si se paga en el plazo de un mes. Y con ello "se recorta un derecho de los ciudadanos", conviene el también abogado Enrique Lamadrid, quien recibe llamadas "todas las semanas" de ciudadanos multados "a los que directamente les tengo que decir que no recurran porque no les merece la pena meterse en el follón", asegura Lamadrid.
Rafael Velasco, por su parte, expresa su discrepancia con la remisión a la publicación de un listado del nombre de los controladores de la ORA en el Boletín Oficial del Estado como aval suficiente para identificar al denunciante. "Creo que es una interpretación claramente favorable al Ayuntamiento para que sigan poniendo sanciones, porque la literalidad de la norma no permite esa forma de identificación", afirma Velasco. En este sentido el abogado señala que "lo lógico sería que se identificaran igual que los agentes de la Policía Local en el propio boletín de denuncia, y no tener que remitirse al BOE con un número de controlador".
El letrado gijonés también se muestra muy crítico con las cámaras de fotos que utilizan los controladores, porque "entendemos que deberían estar sometidas a un control exhaustivo como elementos de medición que son, igual que ocurre con los radares de tráfico". Velasco señala que el Centro Español de Metrología debería certificar que las cámaras "efectivamente toman las imágenes en el lugar y el minuto exacto", porque de lo contrario se estaría produciendo una situación de indefensión para el ciudadano.
Rafael Velasco sostiene que si no se controlan las cámaras de fotos se está dando al controlador "la autoridad de un agente sin serlo, porque se acepta lo que dice el controlador para dar validez a las fotos". Por ello, Velasco alerta de la circunstancia de que "se dé autoridad a un particular como si fuera oficial" y las consecuencias que ello tiene a la hora de recurrir las sanciones.
Enrique Lamadrid va más allá al asegurar que la sentencia que valida las fotografías "es una barbaridad" porque "cualquier particular puede denunciar a otro si las pruebas que tiene son fehacientes, y en este caso si alguien tiene varios tickets en el salpicadero no es fácil determinar la validez de la foto; en caso de duda no se puede sancionar", recuerda el letrado antes de recalcar que "al particular se le exigen medios de prueba muy contundentes y en este caso debería ser lo mismo". Lamadrid sostiene que los vigilantes "no son ninguna autoridad y por lo tanto me parece un abuso".
Los abogados aseguran que recurrirán en el futuro nuevas sanciones con estos argumentos, y en la misma línea se manifestaba ayer el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso.
"Me parece que es una cuestión que genera cierta sensación de indefensión entre los ciudadanos, y por lo tanto debería tener más recorrido jurídico", sostiene Alonso, quien recuerda que las multas de la ORA en las tres principales ciudades asturianas "son uno de los temas que más conflicto genera de forma permanente", y por lo tanto debería contar con "muchos más ajustes legales, porque así se evitaría la inseguridad a los ciudadanos en un conflicto que no acaba de resolverse".
Del mismo modo el responsable de la Unión de Consumidores considera que el hecho de que las multas estén avaladas por un listado de nombres en el BOE "es cuestionable" y genera "una cierta sensación de impunidad y de agresividad hacia el ciudadano".
Del mismo modo, Alonso lamenta el "carácter puramente recaudatorio de la ORA", cuando "en el espíritu de la zona azul está el de generar una rotación de vehículos. En cambio las administraciones se contradicen al poner la sanción por encima de todo: mientras se paguen las multas no importa que un coche esté aparcado todo el día en la misma plaza", indica Dacio Alonso.
Con todo ello, el representante de los consumidores señala que "hay derechos de los ciudadanos que no están claramente garantizados, porque el argumento judicial para avalar las multas con fotos es bastante flojo", denuncia Alonso.
El Ayuntamiento ha pasado desde hace un tiempo de aceptar las quejas y reclamaciones ciudadanas en este sentido a rechazarlas, lo que ha llevado a los tribunales algunos de estos casos. En el Juzgado contencioso administrativo de Gijón existen ya al menos tres sentencias favorables al Consistorio.
