El hombre acusado de haber difundido mensajes sexuales del teléfono de su ex mujer entre familiares y conocidos se enfrenta a una pena de tres años y tres meses de prisión que le pide la acusación particular, la máxima prevista para un delito de revelación de secretos.
El juicio, que se ha celebrado en el Juzgado Penal número 1 de Gijón, ha quedado visto para sentencia tras las conclusiones de la acusación particular, que además pide una multa de 18 meses a tres euros diarios e indemnización de 3.000 euros.
La fiscalía reclama una pena de prisión de dos años y seis meses, y la defensa, la libre absolución, además de anunciar que recurrirá a la Audiencia por "irregularidades" en el proceso.
Los hechos ocurrieron en febrero del 2014 cuando el acusado capturó del teléfono móvil de su pareja conversaciones de elevado tono "sexual y sentimental" con un hombre que habían sido borrados y los difundió entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de ésta, según el informe de la Fiscalía.
El acusado ha admitido haberse enterado de la infidelidad por el móvil de su entonces pareja, del que conocía la clave de acceso, pero negó haber distribuido esos mensajes.
El abogado ha pedido la nulidad del juicio, que le fue denegada, al considerar que se cometieron "irregularidades en la investigación policial, en la fase de instrucción y en la vista celebrada hoy, al ser aceptadas nuevas pruebas sin dar traslado a la defensa.
Al inicio de la vista, la acusación particular ha presentado al inicio de la vista un acta notarial, un lápiz electrónico y un terminal de telefonía móvil, en los que, según el abogado, "queda constancia" de conversaciones entre el acusado y la víctima en las que el primero "reconoce los hechos".
El abogado defensor, por su parte, ha asegurado que "recurrirá a la Audiencia" en caso de que se dicte una sentencia condenatoria, al considerar que "todo es un montaje", en el marco de otra disputa judicial por la tenencia y el régimen de visitas de los hijos.
El ministerio público y la acusación particular "han considerado probado" que el acusado accedió sin consentimiento al teléfono, consiguió mediante un programa informático recuperar los mensajes borrados y los difundió.
La defensa también ha pedido que se invalidara el testimonio que ha dado un médico psiquiatra, que había atendido a ambos, lo que, según ha dicho, "no sólo viola en código deontológico sino que puede ser constitutivo de delito".
