El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de cinco años de cárcel que en su día le impuso la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias a un exdirectivo del puerto de El Musel de Gijón acusado de elaborar facturas falsas para quedarse con 260.000 euros. El procesado, que tenía encomendada en el puerto la gestión de proyectos europeos, ha sido considerado responsable de la comisión de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por lo que, además de la pena privativa de libertad, el reo tendrá que hacer frente al pago de una multa de 1.980 euros y a una inhabilitación especial para empleo o cargo público que, tal y como resaltan los tribunales, "conlleva la pérdida de su trabajo en la Autoridad Portuaria" y la incapacidad para obtener el mismo empleo "u otros análogos" durante el tiempo de duración de la condena.
Los jueces obligan además a este exdirectivo de El Musel a devolver los 260.000 euros y los salarios percibidos desde su suspensión temporal de empleo hasta la pérdida definitiva del puesto de trabajo. El abogado del reo aseguró ante el Tribunal Supremo que no se había enervado la presunción de inocencia de su cliente. "La mera declaración del trabajador de la Autoridad Portuaria denunciante y la comisión rogatoria remitida por las autoridades belgas no son suficientes", aseguró el letrado. El Alto Tribunal, sin embargo, argumenta que la tramitación de esas facturas puestas en cuestión nunca siguió los canales ordinarios y que durante el juicio quedó demostrado que el reo había confeccionado hasta 37 documentos falsos durante los seis años que duró la estafa.
