La sala civil penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acogido esta mañana la vista de apelación contra la sentencia del jurado que condenó a 22 años de cárcel a Miguel Ángel Díaz López por el asesinato de Andrés Valdés Bermejo, cometido en Nuevo Roces en septiembre de 2014. "Mi intención no era ir a matarlo, fue una pelea", ha asegurado Díaz, por videoconferencia desde la prisión en la que cumple condena. Su defensa, a cargo del letrado Mario Blanco Fuentes, ha aducido que no hubo ensañamiento en el crimen, y pidió que la pena le sea rebajada a 15 años de prisión. Según ha indicado, las puñaladas fueron todas a la misma zona del cuerpo, la del corazón, con el fin de causar la muerte lo más rápido posible, y no tuvo intención de incrementar el sufrimiento de la víctima. Admitió que, después de las puñaladas -le propinó hasta 28 heridas-, le golpeó con un objeto romo en la cabeza -una maza de cocina-, pero que estas últimas lesiones fueron superficiales.

El ministerio público rechazó el recurso al entender que pretende una nueva valoración de la prueba, distinta de la realizada por el jurado, algo que legalmente no puede hacerse. Pero, metidos en harina, el fiscal indicó que la existencia de ensañamiento es palmaria. En primer lugar por el número de lesiones. En segundo lugar, porque no todos los golpes de cuchillo fueron dirigidos al corazón. Y en tercer lugar porque golpeó a la víctima brutalmente en la cabeza con una maza. La acusación particular, que ejerce la familia de Andrés Valdés Bermejo, bajo la dirección letrada de Ana Isabel Gallardo, mantuvo las mismas tesis que la Fiscalía. "La mera lectura del informe de autopsia revela que hubo ensañamiento", ha indicado la letrada.

En la vista de esta mañana también se ha visto un recurso de la acusación particular, referente a las indemnizaciones. La sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, estableció una indemnización de 76.000 euros para los padres de la víctima. La familia reclama 150.000 euros para cada progenitor, y 30.000 para cada hermano de la víctima, y esgrime una reciente sentencia del Supremo. Defensa y fiscal se han opuesto a estas pretensiones. La sala civil penal del TSJA, presidida por Ignacio Vidau, decidirá en breve sobre estos recursos.