A la vuelta de la esquina está la llegada del mes de diciembre, y con su inicio, el anuncio del encendido de la iluminación navideña. Pero las sombras sobre las posibles irregularidades en la gestión del contrato se ciernen sobre unos arcos que, aunque apagados, ya llevan días decorando las calles de Gijón con lazos y bolas. El PSOE ha dado la voz de alarma al ver que las luces están colocadas sin que se haya resuelto aún el recurso que la empresa Germán Vizcaíno -firma que optó al contrato municipal pero cuya oferta fue desestimada en favor de la propuesta de Blachere Iluminación España- presentó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en Madrid. Un recurso que conlleva la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación. "A día de hoy no hay ningún documento donde se pueda ver que el contrato esté formalizado, pero las luces están instaladas. ¿Quién dio las autorizaciones a la empresa?", se preguntaba ayer en voz alta el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Pérez.

El líder socialista quiere saber los detalles de ese "plan B" del que habló hace unas semanas el edil de Festejos de Foro, Jesús Martínez Salvador, al asegurar que habría luces de Navidad pese al recurso contractual de Germán Vizcaíno. El también presidente de Divertia adelantaba que los técnicos municipales estaban convencidos de que el recurso no prosperaría. Pero, a falta de algún movimiento de última hora, lo cierto es que no hay notificación pública de la resolución de la demanda ni documento que avale que se hubiera dado marcha atrás en la impuesta suspensión del expediente de contratación antes de su formalización.

El Ayuntamiento de Gijón tiene muy reciente un caso similar: la suspensión de la adjudicación del contrato del servicio de conservación viaria al presentarse un recurso similar ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La solución llegó en el último minuto tras convencer desde el Ayuntamiento a la empresa Ferroser, del Grupo Ferrovial, de que retirase su recurso contra el adjudicación del contrato a la UTE integrada por Dragados y Api Movilidad. Esa fue la opción por la que optó el equipo de Carmen Moriyón para salvar un contrato que, pese a todo, tardó unos días en poder formalizarse lo que dejó a los trabajadores en el paro y a la ciudad sin ese servicio. "Lo que ha pasado en el caso de la iluminación navideña es que nadie ha hecho nada para solucionar el problema. Nadie sabe nada o nadie quiere saber nada de esto", concretó el edil socialista tras estudiar la documentación del expediente. Pérez asegura que en este caso, "y después de una tramitación que se hizo al límite del reloj", se ha optado por el "tira p'alante que libras" sin tener en cuenta la suspensión de la tramitación del contrato que se impuso desde el Tribunal de Recursos Contractuales.

Este tropiezo marca la primera adjudicación del contrato de iluminación navideña gestionado de manera directa por el Ayuntamiento. En años anteriores se había optado por transferir el dinero a la Unión de Comerciantes para que la entidad eligiera y contratara a la empresa que se encargase de la iluminación de las calles de la ciudad en Navidad. Germán Vizcaíno fue el responsable en los últimos cuatro años. Pero ese sistema de trabajo se llevó un informe desfavorable de la Sindicatura de Cuentas para quien debía ser el Ayuntamiento, y en las condiciones que impone la contratación pública, quien se responsabilizara de este contrato.

En cumplimiento de esa recomendación, la Junta de Gobierno aprobó en julio de 2016 el pliego de condiciones para la contratación del suministro, en régimen de alquiler, de los servicios de instalación, montaje, mantenimiento y desmontaje de la iluminación y ornamentación navideña. El contrato era de dos años con la posibilidad de prorrogarse anualmente por otros dos. El tipo anual de licitación era de 400.000 euros más 84.000 euros de IVA.

Se presentaron las ofertas de Germán Vizcaíno y Blachere Iluminación España. La mesa de contratación optó por la adjudicación a la segunda empresa por un precio de 320.120 euros al año y 67.225,20 de IVA. Y así lo confirmó la Junta de Gobierno el 5 de octubre.

Pocos días después, la empresa de Siero planteaba su recurso al entender que la oferta de la firma de origen francés tenía que haber sido excluida de mano al omitir información y documentación sobre los precios unitarios de los distintos modelos de elementos decorativos ofertados. También se criticaba la ausencia de una previsión expresa de información sobre motivos tridimensionales. Irregularidades que fueron desestimadas por el Ayuntamiento y acabaron en Madrid.