Enagás asegura que la sentencia del Supremo no le obliga a demoler la regasificadora

Enagás, operador logístico del sistema gasista español y propietario de la regasificadora de El Musel, insistió ayer a través de un portavoz en que los fallos del Tribunal Supremo que anularon la autorización administrativa a la planta gijonesa no obligan a la compañía a su demolición.

Los servicios jurídicos de la sociedad están redactando el informe que ha requerido a la compañía el Tribunal Supremo, en el que explicarán que ha hecho hasta el momento Enagás para "cumplir" la sentencia que anuló la autorización administrativa de la planta por incumplir el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), que estaba vigente cuando se inició la tramitación administrativa de la planta de regasificación. El Raminp obligaba a construirla a más de dos kilómetros de cualquier núcleo habitado, lo que no ocurre en el caso de la regasificadora.

La instalación, que nunca ha entrado en servicio, terminó de construirse en octubre de 2012 y fue una de las justificaciones que en su día se dieron para la obra de ampliación de El Musel. Actualmente la planta permanece "hibernada" por decisión del gobierno central ante la caída de la demanda de gas natural en España.

Equo, así como los colectivos que presentaron sendos contenciosos contra la licencia de apertura de la instalación, mantienen que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo obligan a Enagás a demoler la regasificadora, mientras desde la empresa, así como desde el Puerto y el Principado, se sostiene que cabe la legalización de la planta repitiendo la tramitación administrativa.