Fueron la mejor empresa joven de 2007 y recibieron un premio de manos del consejero de Industria, pero ahora se sientan en el banquillo y se enfrentan a penas de hasta diez años de prisión por estafar 80.000 dólares a dos colombianos que querían montar una franquicia de la compañía en su país. El miércoles se inicia el juicio en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón.

Los acusados, Pedro M. V., José Luis de la V. F. y Francisco Javier V. M. eran consejeros delegados solidarios de la empresa Servicios Normativos (SN), con sede en Gijón, una consultoría empresarial en materia de calidad y medio ambiente, asesoramiento a empresas en certificación de productos y formación a terceros.

Según el fiscal, a principios de 2013, las víctimas de la estafa, dos empresarios colombianos, se pusieron en contacto con ellos para explotar la marca en su país. Negociaron un contrato de Masterfranquicia, por el que el franquiciador cedía el uso de la marca, así como el acceso y cesión de "know-how": herramientas, intranet y servicio de asesoramiento, entre otros aspectos. Inicialmente ingresaron en la cuenta de SN un total de 30.000 euros. En mayo de 2013, se suscribió el contrato, pero los colombianos se encontraron con que la empresa franquiciadora se llamaba ahora Quentra. Esta compañía se había creado unos días antes en Panamá. El contrato de licencia no facilitaba además acceso alguno al "know-how", sino que era en realidad una licencia simple de marca. Los colombianos desembolsaron luego otros 30.000 euros.

A partir de agosto de 2015, SN Colombia dejó de recibir apoyo y de tener acceso a la intranet de negocio, dejando de tener contacto con la franquiciadora. SN había presentado su cese de actividad ante un juzgado de primera instancia de Gijón. El fiscal considera que los acusados ocultaron a los colombianos la mala situación económica de la empresa y que no podían hacer frente a las obligaciones del contrato.

El fiscal pide para cada uno de los tres acusados la pena de cuatro años de prisión, así como la devolución de los 80.000 dólares (60.000 euros). La acusación particular, a cargo del letrado Pedro Paulino Sánchez, de Asturlex, considera que concurren también los delitos de falsedad y alzamiento de bienes, por lo que pide penas de entre ocho y diez años de prisión para cada acusado, multas que suman los 36.000 euros y la devolución de 155.000 euros, en los que se incluyen no solo el dinero que pagaron a los gijoneses, sino los gastos para montar la empresa en Colombia y los viajes a España.