La Comunidad Portuaria, asociación creada en 2004 y que agrupa a 102 empresas que operan con y en El Musel, ha quedado sin actividad y sin personal después de que el pasado 16 de noviembre rescindiera el contrato a la que había sido su gerente durante los tres últimos años, Lorena García Bachiller. Después de varios años intentando que la iniciativa privada tomara las riendas de la asociación y corriera con sus gastos, la Autoridad Portuaria -que es quien ha venido manteniendo económicamente a la asociación y que es mayoritaria en su consejo- decidió cerrar el grifo.
A principios de este año el consejo de la sociedad había propuesto a las empresas abonar una cuota anual de 360 euros, propuesta que fue rechazada. En la reunión celebrada el 23 de septiembre, la Autoridad Portuaria anunció a los socios que no renovaría en 2017 el presupuesto que anualmente destinaba a la Comunidad Portuaria, que queda como una asociación durmiente.
Ahora, varias de las empresas asociadas han mantenido conversaciones para evaluar la posibilidad de relanzar la asociación con aportaciones económicas de los empresarios, como ocurre en otros puertos españoles. Se trata de una idea sobre la que no hay unanimidad.
Lorena García Bachiller, con una trayectoria profesional ligada al sector de la logística y a la Universidad, fue seleccionada en 2013 para hacerse cargo de la Comunidad Portuaria para ahorrar costes respecto al sueldo del anterior gerente, Adriano Cadrecha. En aquel año, el Puerto ya optó por reducir a la mitad sus aportaciones a la asociación. En mayo de 2015, la Comunidad Portuaria había elegido por primera vez a un presidente de la asociación del sector privado, Tomás Palacios, responsable de la Terminal de Contenedores de Gijón. Éste acabó renunciando al cargo al mes siguiente, siendo sustituido por el gerente de Marpin, Javier Guardado.
