Los integrantes de la Asamblea de información y denuncia "La emergencia no puede esperar" -organización surgida en 2014 para denunciar las políticas sociales del Ayuntamiento de Gijón e integrada por personas y colectivos en situación de precariedad- sumaron ayer su voz al debate de la renta social municipal para reivindicar su vinculación en el lanzamiento de "esta propuesta ciudadana" y sus dudas sobre los aspectos concretos de la iniciativa que ahora debaten los concejales como elemento fundamental para la aprobación presupuestaria.
"El término renta social municipal se incluye ahora en el presupuesto y la negociación pero en ningún momento se aclara en que va a consistir, que importes va a tener, quien se puede beneficiar... Evitando así el necesario debate social sobre el derecho a vivir dignamente de todas las personas", se indica en una nota hecha pública ayer.
El colectivo reivindica una renta social municipal "como un derecho individual" con requisitos sencillos y concretos y que permita hacer frente a los gastos en los suministros básicos en agua, luz, gas y vivienda complementando el salario social que se destinaría a gastos alimenticios. En su descripción de la renta social municipal incluye que no se impongan contraprestaciones a sus beneficiarios y que sea de "acceso inmediato para todas las personas en situación de necesidad con ingresos por debajo del umbral de la pobreza". Su planteamiento es que la renta se reciba en los primeros cinco días de cada mes y que no se imponga su devolución. "La propuesta de renta social municipal que proponemos desde la asamblea ayudaría a transformar de raíz del modelo de servicios sociales, huyendo de un modelo de control y burocracia de las personas empobrecidas".
En el actual escenario político, el colectivo asegura que seguirán "a la expectativa hasta que termine el teatro de la aprobación de los presupuestos y se conozca la propuesta real".
